Pontón destaca la "obligación ética" de establecer los derechos de los mayores y pide, junto con Rodil, revisar las 12 concesiones
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y su viceportavoz, Olalla Rodil, han presentado este lunes la propuesta de ley registrada en el Parlamento de Galicia con un nuevo modelo de residencias que recoge, entre otros principios básicos, una "vejez digna" basado en los derechos de los mayores --como autonomía, derecho a contar con un centro de salud de referencia--, integrado por residencias de "titularidad y gestión pública", más personal (adaptando y revistando ratios) y transparencia en el acceso a la información --tanto por parte de usuarios como familiares--, así como más inspección.
La normativa --que contó con la aportación de los agentes implicados y expertos (también internacionales)-- está estructurada en cuatro títulos y cerca de medio centenar de artículos que pretenden diseñar un nuevo modelo para aquellas personas que no puedan seguir, por determinadas circunstancias, viviendo en sus hogares. En la normativa también se contempla una recuperación para lo público de las concesiones de la Xunta, algunas hasta 2037, pero que el BNG, como ha expresado Rodil, sostiene que se puede "acelerar la reversión" en el caso de que estén incumpliendo las condiciones de los pliegos.
La norma registrada por los nacionalistas también incluye la constitución de un comité ético --al estilo del sanitario-- e incluye que los mayores tengan un centro de salud de referencia como si estuviesen en sus casas, pero también que los centros cuenten con personal con formación sociosanitaria, geriátrica y sicogeriátrica, ya que el perfil de personas que tienen que atender también responde a diversas demencias o alzhéimer y hay que "garantizar" su atención.
Otro de los pilares de la propuesta de ley registrada es la organización interna de los centros. La idea propuesta es que sean de menor tamaño, que se sitúen en el entorno de núcleos urbanos, en zonas verdes o con posibilidad de espacios para salir, así como que se cumplan máximos de cien plazas (90% de habitaciones individuales como mínimo), organizadas por unidades de convivencia de 25 personas --20 si se trata de dependientes-- y con una ratio de personal superior (el 5% por ciento es la que recomienda la OMS y actualmente Galicia se sitúa en el 3%).
La "titularidad pública y gestión pública" es otro de los elementos sobre los que el BNG pone el acento. Actualmente hay doce centros que están en régimen de concesión y que suponen el 40 por ciento de las residencias de titularidad pública, con un importe aproximado de 18 millones de euros. Las concesiones terminan entre 2025 y 2037 y la mayoría de ellas están en manos de Geriatros S.A., según la información de la Xunta.
"OBLIGACIÓN ÉTICA"
Pontón ha destacado la "obligación ética" de establecer los derechos a una "vejez digna" y de "actuar", en definitiva, para "tener un modelo de residencias que dé tranquilidad". Es decir, que una persona entra por la puerta de una residencia "tenga la mejor atención posible y no esté por delante el negocio" a la persona.
La dirigente nacionalista, que ha denostado que el cuidado de los mayores esté en manos de "multinacionales" que en algunos casos "tienen sede en paraísos fiscales", ha apostado por pasar del concepto "usuarios" al de "derecho a una vejez digna".
El BNG también propone planes de atención individualizada, que las familias tengan asignada una persona de referencia para abordar cualquier cuestión sobre el residente, que se puedan consultar cualquier tipo de información relativa a la residencia (incluidas las actas de inspección y las sanciones, si las hay), o actos más "pequeños" como que se pueda incorporar mobiliario propio a habitaciones.
Pontón ha hecho hincapié, asimismo, en la necesidad de "planificar" una red pública de residencias, por lo que la propia ley recoge la reversión a lo público de las concesiones que vencen.
LISTA DE ESPERA
Según los datos aportados por Olalla Rodil, la lista de espera para atender la demanda es de dos años y ocho de cada diez plazas que existen son de grandes grupos empresariales, entidades privadas y religiosas (Domus VI, Fundación San Rosendo y Hermanitas de los Desamparados).
La diputada nacionalista ha advertido de que "cada año se drena una cantidad obscena" de dinero público hacia estas entidades, 100 millones para "sostener este negocio", de los cuales 74 son para conciertos, 18 millones para concesiones y 5 para pagar plazas en las residencias privadas con el bono de residencias.
La viceportavoz parlamentaria ha puesto el acento en que hay que cambiar el "enfoque asistencialista" para pasar a otro de "derechos y desarrollo de las personas". "Si algo dejó claro la pandemia es que ha sido un punto de inflexión y que las cosas no pueden ir por dónde iban", ha sostenido.
25%, MÁS DE 65 AÑOS
Más del 25 por ciento de la población supera los 65 años. Las previsiones indican que este porcentaje se incrementará en las próximas décadas como resultado de una mayor esperanza de vida y "del creciente envejecimiento de la población por la reducción de la natalidad y la emigración juvenil", señala la exposición de motivos de este texto.
Según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (2018) y la Encuesta Nacional de Salud (2020), la esperanza de vida sin limitaciones graves se sitúa en los 78,9 años para las mujeres y los 75,6 años para los hombres, mientras que la esperanza de vida, en general, asciende a los 86,11 y 80,1, respectivamente.
CONCEPTOS
La ley del BNG incluye conceptos como envejecimiento activo y saludable, servicios centrados en las personas, dependencia de los cuidados y bienestar.
También incluye planes de igualdad y no discriminación, un consejo de participación, y un régimen sancionador por incumplimientos de todo tipo que van de multas de 100 a 300 euros hasta 50.001 a 150.000 las muy graves en grado máximo.
Asimismo, la normativa prevé un plazo de seis años para que las residencias actualmente en funcionamiento se adapten a los requisitos de la normativa y un plazo máximo de un año para una auditoría del Gobierno gallego para la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
