Cacharro sostiene que hay "muchos paralelismos" entre la causa judicial por el 11-M y la Operación Muralla

Europa Press Galicia
Actualizado: viernes, 29 septiembre 2006 19:32

LUGO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, sostuvo hoy que existen "muchos paralelismos" entre la causa judicial abierta a raíz de los atentados del 11-M y la Operación Muralla instruida por la Fiscalía lucense por la supuesta adjudicación irregular de obras públicas del ente provincial.

En su comparecencia tras la Junta de Gobierno de la Diputación de Lugo, Cacharro justificó esta comparación en que en la causa del 11-M "se pierden papeles" e incluso "se perdieron algunos y se sustituyeron por otros".

En el caso de la operación por la adjudicación de obras públicas de la Diputación de Lugo, Cacharro indicó que, según uno de los defensores de los diez primeros imputados, los "discos" de ordenador "cascaron" cuando ya había sido intervenidos y "se perdió toda la información".

El titular de la Diputación también aprovechó para arremeter contra el fiscal jefe de Lugo, Jesús María Izaguirre, quien lleva el peso de estas investigaciones. De este dijo, que "su trabajo lo hizo el día en que se radiotelevisó" el registro que se efectuó en las oficinas provinciales. "Lo que se buscaba no era aclarar nada, por eso su trabajo estaba hecho. Buscaba otra cosa", aseveró.

OPERACIÓN

La Operación Muralla abierta por la fiscalía de Lugo e instruida por el Juzgado Número 3 de Lugo trata de esclarecer supuestas irregularidades en la tramitación de expedientes de dirección de obra por parte del órgano provincial.

Como consecuencia de esta operación, que se inició en mayo, fueron detenidas diez personas, dos funcionarios de la Diputación y un ex funcionario, relacionados con la empresa Senén y Prieto, beneficiada por la mayoría de las adjudicaciones de obras públicas del ente provincial.

Asimismo, el fiscal jefe de Lugo solicitó hoy ante el Juzgado Número 3 de esta ciudad, la imputación de otras ocho personas por su supuesta relación con esta operación. Según informaron a Europa Press fuentes de la investigación, las diligencias requeridas superan la veintena y, entre ellas, se solicita la imputación de un total de ocho personas, cuatro de ellas funcionarios de la Diputación de Lugo, otra de la Confederación Hidrográfica del Norte y tres particulares.

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