CdC.-Orza defiende el "exquisito control" de Economía y exime a su gabinete de la "gestión y la ejecución" del proyecto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Economía durante las cuatro legislaturas del PPdeG, José Antonio Orza, defendió hoy el "exquisito control" que su departamento hizo de las partidas reguladas para la Cidade da Cultura hasta su salida del poder, en agosto de 2005, pero subrayó que su Gabinete no era "responsable de la gestión ni de la ejecución directa" del proyecto.

En su intervención en la comisión parlamentaria de investigación sobre las obras del Gaiás, Orza recordó la fijación de una cuantía máxima anual para evitar "poner en riesgo proyectos importantes" para Galicia o "dejar de atender necesidades de gasto social y productivo" y aseguró que la supervisión de las cuentas y el control interno "se hizo exquisitamente".

Así, destacó la necesidad de informar al Consello de la Xunta de cualquier decisión que superase los tres millones de euros y, en respuesta a las críticas de los grupos que apoyan al Gobierno sobre el oscurantismo en la ejecución de la Cidade da Cultura, declaró: "No eludo mis responsabilidades, pero tampoco voy a tomar las que no me constan".

En este sentido, explicó que, aunque era vicepresidente del Patronato de la Fundación Cidade da Cultura --en su calidad de conselleiro--, sus funciones no eran "ejecutivas" y "no se diferenciaban de las habituales" de un número dos en un órgano de estas características, a excepción de que su firma debía acompañar determinados contratos.

Además, aprovechó para reivindicar que se "esforzó en ejercer" sus competencias como titular de Economía, tanto en las funciones de intervención como en el control de la financiación. En esta línea, explicó que, aunque las fundaciones requieren un control financiero, desde 1999 se decidió adoptar uno de tipo permanente para dar cuenta de "determinados gastos" a la Intervención Xeral de la Comunidad. "Y se hizo exquisitamente", reiteró.

NECESIDADES GARANTIZADAS.

"¿Qué control más importante puede hacer un conselleiro que fijar una cuantía máxima sin poner en riesgo proyectos importantes para Galicia y sin dejar de atender otras necesidades de gasto, social y productivo", cuestionó el actual diputado, quien mantuvo a lo largo de su comparecencia que la "única decisión" adoptada por su departamento se refirió a las cuantías de crédito para programa.

Al respecto, garantizó que "se actuó correctamente" y declaró que, en la periodificación de los gastos, "Economía cumplió". En consecuencia, preguntado por si daría luz verde igual al complejo si hubiese conocido la cuantía que finalmente exigirá de las arcas públicas, se mostró convencido de que la Cidade da Cultura recuperará la inversión porque "dará beneficios en muchos ámbitos".

En este sentido, confirmó que en principio no se conocía el coste global, puesto que se había estipulado uno inicial de mera "referencia general", pero que "precisaba ser explicitado" a medida que se dispusiese de los proyectos, ya que se trataba de una iniciativa "compleja" surgida de un concurso de ideas para un "programa por desarrollar".

Según él, estas circunstancias, "en mayor o menor medida, incrementaron los costes de inversión" --"no es necesario insistir en que el coste era una referencia genérica y global", reiteró-- y recordó el límite anual de 50 millones para asegurar la continuidad del proyecto sin "desatender otras políticas de gasto prioritarias".

CONTROL DE LA FUNDACIÓN.

De igual modo, admitió que "se pueda cuestionar" si la fundación era el "instrumento adecuado", puesto que este tipo de organismos "no prevén control a priori, sino que están sujetos a control financiero", pero apuntó que era una fórmula beneficiosa desde la "perspectiva fiscal" para atraer inversión privada.

No obstante, en respuesta al parlamentario del BNG Carlos Aymerich, reconoció que "no sabe" si en 2002 se elaboró el informe de la auditoría interna de la Intervención Xeral de la Comunidad. "No lo sé y no sé si puedo trasladar datos al respecto porque están en la consellería. Si tuviera alguna fórmula para verificar si ese informe se emitió, lo haré, pero no hay razón para pensar qué pasó", explicó.

En este sentido, interpelado por qué desde 2001 no se hicieron controles al respecto, consideró que "lo importante era tener una primera información" en una doble dirección: explorar fórmulas de financiación extrapresupuestaria y conocer una "aproximación" económica, dado que la entrada en servicio del complejo --en el horizonte de 2010-- "no era cercano".

RED.

No obstante, las explicaciones del ex titular de Economía no convencieron a los grupos que apoyan al bipartito, que denunciaron la discrecionalidad del funcionamiento de la fundación y el incremento de los gastos, al punto de que el nacionalista Carlos Aymerich denunció la existencia de una "red que intentó sacar tajada de la Cidade da Cultura".

Así, aunque admitió que el alcance de la actuación de Orza fue relativo, subrayó que fue "responsable porque era vicepresidente del Patronato, porque no controló como conselleiro y porque no puso reparo a todo lo que se hacía". "Aplaudió todas sus actuaciones", reprobó al durante 16 años responsable de la gestión económica del Gobierno de Fraga, a quien recordó la malla de personas próximas al PP que se "beneficiaron" de obras en el Gaiás, como Eladio Cuiña, hermano del ex conselleiro de Política Territorial.

Por todo, lo acusó de "abdicar y asumir la teoría de Pérez Varela", por entonces titular de Cultura, de quien recordó la frase que trasladó al arquitecto, Peter Eisenman, de que "el control del dinero público es un mero trámite". "¿Por qué desde 2001, cuando se elaboró el informe de la auditoría, no tomó ninguna iniciativa más para estudiar la viabilidad financiera, ya desistió cuando vio que era imposible de controlar", se preguntó.

DIFERENCIAS DE CRITERIO.

Por su parte, el socialista Xaquín Fernández Leiceaga censuró el incremento presupuestario, con cifras que multiplicaron por tres la inicial, y cuestionó si existió algún documento que cuantifique los nuevos costes o la necesidad de "someterse a algún criterio de gestión". "Conocemos la auditoría de la Intervención de 2000 y 2001, pero no consta otra y eso que a partir de entonces es cuando el proyecto cogió una mayor velocidad de crucero", declaró.

Mientras, el diputado del PPdeG Ignacio López-Chaves acusó al bipartito de no haber remitido a la comisión parte de la documentación requerida y aseguró que las evaluaciones que no se han realizado corresponden al período del nuevo Gobierno, al que acusó de "tratar de ocultarlos" a la Intervención Xeral.

De igual modo, detectó en el nuevo Gobierno un "desvío de fondos e irregularidades" que, según él, "pueden conllevar consecuencias", y aprovechó para subrayar que el informe del Consello de Contas que, en parte, motivó la creación de esta comisión, "no tiene una sola palabra que hable de irregularidades", así como que no existe "ninguna sentencia anulando ningún contrato de los muchos que existieron".