FERROL, 4 May. (EUROPA PRESS) -
En torno a un centenar de delegados de la Confederación Intersindical Galega (CIG) se concentraron esta mañana a las puertas del Juzgado de Ferrol en protesta por la celebración del juicio contra el secretario comarcal, Xesús Anxo López Pintos, acusado de supuestos delitos de lesiones y atentado contra la autoridad en los altercados de la Cofradía de Mugardos en 2001, cuando las mariscadores reclamaban el relevo de la directiva.
En la primera sesión del juicio, prestaron declaración Xesús Anxo López Pintos, cinco policías y hasta una decena de mariscadoras. La toma de declaraciones, en el Juzgado de lo Penal 1 de Ferrol, continuará los días 7 y 14 de mayo. Las conclusiones se conocerán el día 18.
La Xunta de Galicia acusa a López Pintos de presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad; provocación, conspiración y propósito de atentado contra agentes de la autoridad, resistencia grave y lesiones. Por todos estos delitos, pide 5 años y 3 meses de prisión, 20 fines de semana de arresto, y una multa de diez meses a razón de 30 euros al día.
La Fiscalía rebaja la pena a dos años y medio de cárcel. Al inicio del Juicio, Pintos no aceptó una reducción pactada de su pena. Rechazó asumir un delito de desacato que supondría una pena de prisión a 3 meses.
LOS HECHOS
Los hechos de los que se acusa al secretario comarcal de la CIG se remontan al 18 de septiembre de 2001, en la playa mugardesa de A Barca. Medio centenar de mariscadoras se habían encerrado en la cofradía para exigir la dimisión de la patrona mayor, Oliva Bonome, y la presentación de las cuentas de la entidad.
Durante las protestas que siguieron al encierro, se produjo un enfrentamiento en la playa entre los grupos de mariscadores y la Policía Nacional, ante la presencia de distintos representantes sindicales. Uno de los agentes acusó a Pintos de golpearle en la cabeza con una piedra y de propinarle varias patadas, una vez que había caído al suelo.
En la vista judicial, Pintos negó la agresión y acusó al policía de "cargar" sin motivos contra las mariscadoras. Antes de entrar en el Juzgado, afirmó que el proceso judicial está "fuera de lugar" y que la petición de penas es "desorbitada" y "una auténtica barbaridad".
Recordó que pocos días después del enfrentamiento, se produjo el relevo en la Cofradía que pedían las mariscadoras, porque la patrona mayor carecía de permiso y tenía más de 65 años. Pintos insistió en que los agredidos fueron los representantes sindicales y hasta "20 mariscadoras" y atribuyó el proceso judicial al interés por "acallar" al "sindicalismo activo".
