El sindicato destaca la defensa de los empleos en Caramelo con el Premio do Día Da Clase Obreira Galega
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El secretario xeral de la CIG, Suso Seixo, acusó hoy a UGT y CC.OO. de buscar, con sus movilizaciones contra la revisión del sistema de pensiones, el "aval social" para "colar" una reforma laboral y recortes de salarios por considerar que sus protestas son una "mascarada pactada" con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
En su intervención tras la entrega del Premio do Día da Clase Obreira Galega, el responsable del sindicato nacionalista interpretó que la "mala" actuación de las entidades financieras y la falta de regulación de los mercados "no se está corrigiendo" y responsabilizó a ambas centrales su vinculación a la política "de reforzar los posicionamientos" y "quitar derechos" a los trabajadores que atribuyó a las esferas financiera y política.
En concreto, reprochó a UGT y CC.OO. la firma en el ámbito estatal de un acuerdo salarial por un periodo de tres años al sostener que los incrementos consensuados son "ridículos" y que no afectará a muchos trabajadores por las elevadas tasas de temporalidad y la dificultad para cobrar los atrasos.
Así, consideró "tremendo" el actual debate abierto por ambas organizaciones sindicales y los partidos políticos "españoles" en lugar de propiciar una discusión social "amplia" sobre la necesidad de un cambio de modelo económico para que sea más "justo", "solidario" y "democrático" y que permita encontrar una salida a la crisis.
No obstante, advirtió de que la CIG seguirá "en la lucha" hasta que la "correlación de fuerzas" le sean "favorables". "No vamos a bajar la cabeza y enterrarnos", aseveró al tiempo que apeló al socialismo y un modelo de sociedad "más libre e igualitaria" como esencia de sus principios.
Al hilo de esta afirmación, comprometió la lucha de esta organización ante "cualquier intento" de rebaja de las pensiones y el gasto público, de precarizar las condiciones laborales o dedicar recursos públicos a las entidades financieras, de las que denunció que en 2009 obtuvieron un beneficio de 70.000 millones de euros.
En esta línea, reivindicó la puesta en valor de "lo público" frente a "lo privado" en los sectores estratégicos de la economía gallega como el financiero, energético o de las telecomunicaciones, entre otros. Seixo expresó, además, su esperanza de que "en algún momento" la CIG tenga capacidad de "cambiar la correlación de fuerzas" en beneficio de la sociedad y de la clase trabajadora.
LUCHA CONTRA EL ERE DE CARAMELO
La CIG distinguió con el Premio 10 de marzo, do Día da Clase Traballadora, a los delegados de la central nacionalista en el comité de empresa de Caramelo --12 de los 17 miembros, mientras que CC.OO. tenía cinco-- por su defensa de los 237 trabajadores que se vieron afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la empresa.
Seixo destacó que el ERE afectó a "más de la mitad de la plantilla" y acusó a la dirección de Caramelo de "aprovechar" la situación de crisis para "deshacerse" de parte de los trabajadores y producir en otros puntos del mundo donde la mano de obra "es más barata".
Así, recordó que el Manuel Jove "hizo fortuna a base de especular en el sector inmobiliario" y sostuvo que la firma "sólo" tenía el interés que el empresario deseaba mediante "la especulación". También reprochó que la Xunta, pese a tener una participación del 7 por ciento en Caramelo, "actuó como patronal", al asegurar que aprobó el ERE "en contra" del informe desfavorable del Ministerio de Trabajo.
El responsable de la CIG acusó a CC.OO. de ser "partícipe" de "toda esta mascarada" para justificar el ERE y "dar salida" a la empresa y "al Gobierno del PP". Sobre este punto, la presidenta del comité de empresa, Isabel Muíños, responsabilizó a CC.OO. de vender a los 237 trabajadores que, recordó, "hoy están en la calle".
En un vídeo proyectado sobre los cinco meses de conflicto en Caramelo, la CIG recordó que ha presentado un contencioso administrativo por considerar un "fraude" la aprobación del ERE, así como una demanda por prevaricación contra la conselleira de Traballo, Beatriz Mato.
