La Audiencia de A Coruña considera probado que emitió una certificación falsa de un proyecto que no llegó a realizarse
A CORUÑA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a María Socorro Cea Vázquez, exalcaldesa nacionalista de Melide, y a quien era el arquitecto municipal cuando se produjeron los hechos, en 2009, como autores de un delito de falsedad en documento oficial. En el caso de la exregidora, también lo hace por un delito de prevaricación administrativa.
La Audiencia de A Coruña los condena tras considerar probado que emitieron una certificación falsa de un proyecto que no llegó a realizarse. Por el contrario, absuelve al representante de la empresa adjudicataria de la obra en base a su declaración y a la de los otros dos acusados, que negaron que estuviese presente en el momento de la rúbrica de la citada certificación, según el fallo hecho público por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
En ese documento, la Audiencia de A Coruña, que tiene en cuenta la existencia de dilaciones indebidas, condena a María Socorro Cea Vázquez y a Ricardo Aneiros Rodríguez como autores de un delito de falsedad en documento oficial a las penas de un año, seis meses y un día de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por ese tiempo.
A la exalcaldesa la condena también a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de tres años, seis meses y un día por el delito de prevaricación administrativa.
Sobre esta última, considera "plenamente acreditado", en base a la prueba practicada en el juicio, que era "plenamente consciente de que lo que se afirmaba en el documento era falso, que fue expresamente advertida de la improcedencia de su elaboración y de las consecuencias que llevaba aparejada".
ARGUMENTO DE LA EXREGIDORA
En el juicio, la exalcaldesa alegó desconocer las irregularidades y responsabilizó a la Xunta de haber certificado una obra, la depuradora del polígono de A Madalena, que no llegó a realizarse.
"En ningún momento hubo intención de mentir ni de falsear nada", aseguró entonces, ante una petición inicial de Fiscalía de cuatro años de cárcel y 11 de inhabilitación por un delito de falsedad documental y otro de prevaricación.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público argumentó que, tras firmar el contrato para la adjudicación definitiva de la obra, "por causas que no constan, las obras de la depuradora no se iniciaron".
"Con el más basto desprecio al deber de fidelidad a la fe pública, el director de la obra emitió una certificación en la que falazmente se afirmaba que, en el periodo comprendido entre el 12/12/2009 y el 28/12/2009, se habían ejecutado obras por valor de 437.354,41 euros", sostuvo la Fiscalía.
La certificación fue firmada el 28 de diciembre siendo los acusados "plenamente conscientes de que con ello coreaban un documento que no reflejaba la realidad" y cuya incorporación "resultaba necesaria para evitar la perdida de la subvención que la Consellería de Innovación e Industria había concedido al ayuntamiento" para la obra.
