Confirman el archivo de la investigación contra dos cargos de la Xunta por supuestas coacciones inmobiliarias

Publicado 08/10/2019 17:21:21CET

   La Audiencia de Ourense desestima el recurso contra el sobreseimiento de la causa dictada en abril de este año

   OURENSE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense ha acordado el sobreseimiento definitivo y archivo de la causa en la que se investigaba a dos cargos de la Xunta por la presunta comisión de un delito de coacciones inmobiliarias a una nonagenaria residente en el edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana de la ciudad de As Burgas.

   En un auto emitido el pasado lunes 7 de octubre contra el que no cabe recurso, los magistrados desestiman la apelación presentada por los abogados de la afectada contra el fallo dictado a comienzos de abril que archivaba y sobreseía provisionalmente la causa.

   Entonces, el juez instructor justificó su decisión al no advertir un ánimo "admonitorio o coactivo suficiente para integrar el tipo penal", más allá de "la intención reconocida de la Consellería de Facenda de recuperar la posesión del inmueble" en el ámbito de un plan general de racionalización del patrimonio inmobiliario y "no de forma caprichosa o intencionada".

   Ahora, los magistrados dan por buenos los argumentos del juez instructor, que expresó en su auto del mes de abril que, no obstante, la Xunta "descuidó de forma notoria y continuada en el tiempo las labores de mantenimiento del edificio, como es el caso de la limpieza de zonas comunes o mantenimiento básico". También apreció "una cierta demora a la hora de acometer la reparación del ascensor del edifico", que se mantuvo estropeado entre enero y noviembre de 2018.

   Así, destacó que el otro inquilino del edificio al que Facenda también remitió comunicaciones manifestó que "nunca" se había sentido "coaccionado o forzado" para que desalojase la vivienda.

    Entre otras cuestiones, el juzgado ha tenido en cuenta el "amplio lapso temporal", de más de "cinco años", en el que la Xunta envió los requerimientos de desalojo a la denunciante.

   En su denuncia, del 28 de septiembre de 2018, el fiscal jefe acusaba a ambos cargos de la Xunta de intentar presionar a dos inquilinos del edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana de Ourense, situado en la Avenida de la Habana y de titularidad de la Administración gallega, para que desalojasen sus viviendas, "no sustituyéndose el alumbrado" o "no realizando el mantenimiento del ascensor", tras la negativa del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Ourense y de la Audiencia Provincial de Ourense a su petición de desahucio.

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