También acuerda cuatro años de inhabilitación para empleo y cargo público y una multa de 450 euros
VIGO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
La mujer acusada de los delitos de falsedad de un documento oficial y estafa tras aprovechar su condición de policía local de Vigo para evitar pagar las tasas del depósito de vehículos para sacar una moto ha aceptado dos años y medio de prisión y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El juicio contra la mujer, María Jesús F.P., estaba previsto que tuviese lugar este miércoles en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, pero finalmente no ha llegado a celebrarse al llegar todas las partes a un acuerdo de conformidad.
A la procesada se le ha aplicado la atenuante de responsabilidad civil de reparación del daño, después de que haya consignado la cantidad de 1.492,20 euros, correspondientes a las tasas del depósito de vehículos que estaban sin abonar.
Así, aunque la Fiscalía pedía inicialmente cinco años de prisión, seis años de inhabilitación, una multa de 6.600 euros y el pago de los casi 1.500 euros de las tasas que no abonó; finalmente la mujer ha aceptado dos años y medio de prisión, inhabilitación por cuatro años y una multa de 450 euros --a razón de cinco euros al día--.
Además, el Ministerio Público ha pedido conmutar la pena de dos años y medio de cárcel por una multa de cinco euros al día durante el tiempo de la condena acordado, con lo que la acusada evitaría entrar en prisión. Tras ello, el juicio ha quedado visto para sentencia.
LOS HECHOS
Según el escrito de acusación pública, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en agosto de 2013, cuando la mujer trabajaba en el depósito municipal de la Avenida de Madrid y tuvo conocimiento de que había en el lugar depositada una moto desde noviembre del año anterior, por carecer del seguro obligatorio.
A través de un intermediario, se puso en contacto con el propietario de la motocicleta y le ofreció 1.000 euros por la misma, un precio inferior al del mercado. Ambos se citaron el 12 de agosto en la oficina de Tráfico de la calle Regueiro y suscribieron un contrato privado de compraventa, así como la transferencia de la titularidad.
Al día siguiente, la nueva propietaria y otra persona acudieron por la mañana a retirar la moto y el agente que estaba de servicio en el depósito elaboró la hoja de entrega del vehículo, en la que escribió la expresión "con cargo", lo que implicaba el reconocimiento de la obligación de abonar las tasas pendientes en concepto de grúa, traslado y custodia, que ascendían a casi 1.500 euros.
La acusada, aprovechando que ese día trabajaba de tarde, buscó el documento y alteró su contenido, cambiando el concepto "con cargo" por "sin cargo", y sobreescribiendo manualmente "sin cargo accidente, Agente 19, por Oficina Policía Local".
