SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
Ecoloxistas en acción ha solicitado a la Xunta paralizar el proyecto de la mina de A Gudiña hasta esclarecer todas las cuestiones legales, ambientales y administrativas pendientes tras hacerse pública la condena penal por estafa de su director ejecutivo, Roberto García Martínez.
En un comunicado el sindicato ha alertado del "colapso" del proyecto debido a la condena penal al director de la empresa Eurobattery Minerals, promotora de la mina, y de que la compañía anunciase la salida inmediata de su presidente y la ruptura de la relación con Mangold Fondkommission AB, entidad que ejercía como mentor financiero de la sociedad.
Según se expone en la sentencia, ratificada con fecha del 21 de enero de 2026, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia provincial de Bizcaia condenó a García Martínez y a otro como autores de un delito de estafa a la pena de dos años de cárcel y una multa de ocho meses con una cuota diaria de 30 euros. Además, ambos deberán indemnizar a la Agrupación Gestora Empresarial S.A (Agruges) en la cantidad de 3.460.000 dólares americanos.
Tal y como se relata en la resolución, los condenados se presentaron en 2010 ante miembros de Agruges como propietarios de una explotación minera de oro en Sierra Leona que estaban interesados en obtener financiación para la industrialización a gran escala del negocio de extracción y venta de oro y diamantes.
Tras mantener diversas conversaciones, ambos condenados recibieron una serie de traspasos con este fin que compusieron un total de 3.460.000 dólares. Sin embargo, este dinero no fue utilizado con el fin pactado.
En este contexto, Ecoloxistas en Acción ha comparado este modus operandi de García Martínez con el puesto en práctica en proyectos como Santa Comba y Coristanco, bajo el nombre de 'Corcel', para el que, han afirmado, la empresa "no tenía ningún tipo de autorización minera".
A continuación, han relatado desde el sindicato, García Martínez se volcó en el proyecto 'San Juan', en A Gudiña, anunciando el inicio de la explotación el verano pasado pese a no contar con diversos requisitos, como la licencia municipal o una Declaración de Impacto Ambiental en vigor. La actividad finalmente fue paralizada.
Ante este escenario, Ecoloxistas en Acción han denunciado que el modelo minero de la Xunta "hace aguas por todas partes" al colocar el territorio en "manos de grupos empresariales con largos antecedentes criminales".
En este sentido, ha recordado que el proyecto se sitúa en las proximidades de la frontera portuguesa y de los espacios naturales que forman parte de un territorio ambientalmente compartido, por lo que es "imprescindible" el cumplimiento "estricto" de las obligaciones de la evaluación ambiental y consulta transfronteriza.
Por todo ello, han reclamado que se paralice el proyecto y que las administraciones públicas adopten "todas las cautelas" antes de permitir que Eurobattery Minerals avance con la explotación de San Juan. Piden así al Gobierno gallego que suspenda cualquier actuación que permita avanzar hacia la puesta en funcionamiento de la mina "mientras no se esclarezcan todas las cuestiones pendientes".
"La Xunta no puede ignorar la grave crisis que atraviesa la empresa promotora y debe anteponer la protección ambiental, la seguridad jurídica y el interés público a los intereses de una compañía en evidente estado de deterioración institucional", han concluido.