"Hay una deficiencia de regulación del voto emigrante porque se manipula con mucha facilidad. Se debería modificar rápido la ley"
"Debería mejorarse la LOREG porque es muy complicado para la Oficina del Censo Electoral detectar empadronamientos fraudulentos"
"La Fiscalía interviene ante incumplimientos graves de la legalidad, pero no puede ser el vigilante de la pureza del proceso electoral"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 May. (EUROPA PRESS) -
El fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia José Ramón Piñol apostó por reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) para reforzar las garantías del derecho al voto, ya que alertó de que el sistema electoral vigente permite que se reproduzcan "viejas fórmulas trasnochadas como el caciquismo" en cuanto al voto de los emigrantes gallegos y es "muy complicado" actuar a tiempo contra manipulaciones del censo electoral como "empadronamientos fraudulentos".
La Fiscalía del TSXG ha abierto una investigación centrada en posibles "irregularidades" en la captación del voto emigrante y en el crecimiento "desproporcionado" y "altamente sospechoso" en los censos electorales de algunos municipios gallegos, con el objetivo de comprobar si se puede derivar alguna infracción penal.
En una entrevista concedida a Europa Press, José Ramón Piñol, que coordina estas investigación, lamentó que exista "una deficiencia de regulación de las normas electorales" en cuanto al derecho a voto de los emigrantes inscritos en el censo de residentes ausentes (CERA), que en Galicia está integrado por más de 319.000 personas. En su opinión, "con mucha facilidad un señor remite la documentación correspondiente sin mucho control y es muy difícil saber que ese no es un voto cautivo".
Por ello, defendió que, ante estas muestras de "pillería" con el voto de la diáspora, es necesario "reaccionar rápidamente" para reforzar las garantías legales. Al respecto, manifestó estar de acuerdo con una reforma de la Ley Electoral en este sentido "para que haya menos grietas del sistema que aproveche el pícaro para hacer cosas raras".
No obstante, puntualizó que es también necesario que los agentes políticos y los partidos se conciencien de que este tipo de actitudes constituyen "un mal para todo el sistema democrático" porque "siempre hay mecanismos para que la gente se los salte". "La clave estaría en una especie de gran pacto o de una asunción por parte de todos de que hay comportamientos que no se pueden mantener, aunque sólo sea por respeto a las reglas del juego democrático", aseveró.
DIFICULTADES
Piñol reconoció las "dificultades" que existen para perseguir este tipo de delitos electorales porque se trata de "gente muy profesionalizada", que "siempre está un poco en el límite utilizando los resquicios legales", y debido a la distancia respecto a las comunidades de emigrantes más numerosas.
Al respecto, ejemplificó esta circunstancia con casos como las peticiones de voto antes de abrir la campaña electoral o que los partidos faciliten la tramitación del voto rogado, ya que "siempre justifican que lo único que hacen es facilitar el proceso remitiendo los papeles, pero que luego cada uno votará a quien quiera".
"La percepción ciudadana puede ser la de que hay una ilegalidad, pero desde el punto de vista legal, no hay una especie de incitación al voto", aclaró. "No es fácil encontrar vulneraciones tan claras y tajantes porque son maniobras sutiles del que dice sin decir", agregó al ser preguntado si existe cierta impunidad.
CENSOS FRAUDULENTOS
Acerca de las diligencias sobre empadronamientos "un tanto inexplicables" en ayuntamientos gallegos, Piñol explicó que se trata de "un trabajo ingente" porque es "una investigación general" sobre municipios en los que existen "sospechas" y apostó por resolver "cuanto antes" este trabajo para no interferir sobre la campaña de las municipales del 27 de mayo. "La Fiscalía no quiere que, si al final se emprende alguna actuación judicial, se pudiese interpretar que aparece una bomba informativa del fiscal", enfatizó.
Al respecto, indicó que si de esa investigación se derivasen actuaciones penales, no daría tiempo a su resolución judicial antes de la cita con las urnas. A su juicio, la LOREG "debería mejorarse" en este punto porque la Oficina del Censo Electoral "tiene muy complicado" detectar "incrementos masivos y fraudulentos" de empadronamientos y, dados los márgenes temporales "tan perentorios", es complicado reponer la legalidad.
"En muchos casos, si no se ha podido reaccionar ante irregularidades en unos plazos breves, después es prácticamente inatacable", afirmó. Entre los puntos a mejorar de la LOREG, el fiscal se refirió por ejemplo a que los partidos políticos no puedan participar de este este tipo de procesos para intentar corregir irregularidades en censos, cuestión que estima "sería muy natural".
EMPADRONAMIENTOS DE OFICIO
La Fiscalía también está examinando el caso del Ayuntamiento lucense de Outeiro de Rei, en donde fueron empadronados reclusos del penal de Bonxe y ancianos de un centro geriátrico sin su consentimiento previo, actuación que juzgó "discutible". En su opinión, "no parece muy razonable" porque "el empadronamiento es voluntario" y "sólo están empadronados de oficio los funcionarios".
José Ramón Piñol defendió el papel de la Fiscalía para "defender la legalidad ante cualquier tipo de abusos, fraudes o ilegalidades", pero advirtió de que este órgano no puede convertirse "en una especie de censor de las elecciones" porque estaría "sobrepasando su misión" e interfiriendo "en un proceso fundamental en la vida de un Estado democrático".
"La Fiscalía tiene que intervenir en aquellos casos claros en los que se detecta un incumplimiento grave de la legalidad, pero no puede ser el vigilante de la pureza del proceso electoral", sostuvo. "Puede haber actuaciones moralmente discutibles y actitudes que deberían erradicarse, pero no están en una naturaleza claramente delictiva", agregó para comparar el trabajo de los fiscales con el de "los árbitros de fútbol, sin ser protagonistas".
A su juicio, incluso se da la circunstancia de que "se está judicializando" la vida política y se llevan ante el poder judicial "muchos problemas que deberían resolverse en el ámbito de la política, que son de pactar y consensuar". Por ello, lamentó que se traslade a la sociedad que jueces y fiscales "están todos metidos en ese juego más o menos disimuladamente de que uno juega unas cartas a favor o en contra de determinado partido político".
En este sentido, se refirió a casos como la recusación de magistrados del Tribunal Constitucional para analizar el Estatuto de Cataluña, el lance De Juana Chaos o la selección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, entre otros episodios. Así, concluyó que no cree que exista una campaña orquestada para "afectar ideológicamente al poder judicial", pero sí lamentó que "hay veces en que se han hecho cosas con poca previsión de futuro" que acaban perjudicando la imagen de independencia que debe caracterizar a los magistrados.
