El Gobierno de Pontevedra aprueba una declaración institucional en contra del realojo de familias gitanas

Actualizado: lunes, 11 febrero 2008 16:39

Llama a las partes implicadas a usar el "sentido común" y comparte "las inquietudes" de los vecinos de Monteporreiro

PONTEVEDRA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Municipal de Pontevedra aprobó hoy una declaración institucional en contra del realojo de familias gitanas y trasladó a la Consellería de Vivenda su oposición a que el Ayuntamiento de Poio reubique en la urbanización pontevedresa de Monteporreiro a familias procedentes del poblado gitano de O Vao.

Con la finalidad de "preservar el actual clima de integración social y convivencia", el Ayuntamiento de Pontevedra entiende que Monteporreiro "no es un lugar adecuado para ubicar más viviendas con destino social".

El Gobierno local de Pontevedra hizo un llamamiento a todas las partes implicadas en este conflicto para que usen "el sentido común, la moderación, la legalidad vigente y el afán constructivo para combinar el respeto a las libertades individuales con las preocupaciones sociales derivadas de las inquietudes de los vecinos de Monteporreiro".

En este sentido, el Ayuntamiento de Pontevedra también anunció que se dirigirá a la Subdelegación del Gobierno "para que extreme las medidas preventivas de seguridad, con la finalidad de salvaguardar la convivencia".

Esta declaración institucional fue suscrita por los socios en el Gobierno coaligado, BNG y PSOE, pero no la firmó en cambio el portavoz municipal del PP, Telmo Martín, quien reprochó al alcalde, el nacionalista Miguel Fernández Lores, que actuase con una "opacidad inadmisible".

ACTUACIÓN EN LA SOMBRA.

Telmo Martín sostuvo que el hecho de que los vecinos de Monteporreiro no fuesen advertidos de que familias de O Vao iban a ser realojadas en esa urbanización demuestra que "todas las instituciones actuaron en la sombra", aunque "se quiere presentar al alcalde de Poio como el único responsable.

Tras considerar que se trata de una estrategia diseñada", Martín comparó esta situación con el guión de una película que podría titularse "el bueno, el malo y el ausente", en referencia a Consellería de Vivenda, el alcalde de Poio, Luciano Sobral, y el regidor pontevedrés.

Así, el bueno sería la Consellería de Vivenda "que pone 700.000 euros a cambio de no salir en la foto", el malo el regidor de Poio, "que recibe todos los golpes a cambio de que le resuelvan un viejo problema y además sólo una de las familias realojadas se queda en Poio", y finalmente el ausente es Lores, "que acepta el realojo de las familias aunque alegue que él no sabía nada".

CASO DE PONTE CALDELAS.

Por su parte, el alcalde de Ponte Caldelas, Perfecto Rodríguez (PP), también ha requerido al Ayuntamiento de Poio el cese de los realojos de dos familias procedentes de O Vao en una vivienda adquirida en la parroquia de Caritel de este ayuntamiento.

El regidor consideró que "el Ayuntamiento de Poio con esta medida está invadiendo competencias en materia de servicios sociales, fuera de su ámbito territorial", la misma argumentación utilizada también por el Gobierno de Pontevedra.

En ambos casos, estiman que una actuación de este tipo, que afecta a varios ayuntamientos, tendría que ser realizada por una Administración de ámbito territorial supramunicipal (Xunta de Galicia) y siempre dando audiencia a los ayuntamientos afectados por el realojo.

AUSENCIA DE QUINTANA Y TÁBOAS.

Por otra parte, el alcalde de Ponte Caldelas se preguntó "dónde están en este asunto Anxo Quintana y Teresa Táboas", ya que sus departamentos son los que tienen competencia en materia de servicios sociales (Vicepresidencia) y en materia de política de vivienda (Consellería de Vivenda e Solo).

"Estos serían los organismos que tendrían que afrontar este problema, que claramente supera al ámbito municipal", destacó Perfecto Rodríguez, que atribuyó a ambos la "cobardía política" de dejar solo al alcalde nacionalista de Poio.

Así, concluyó que "a Quintana y a Táboas les encantan los anuncios publicitarios y las fotos de sus supuestas políticas sociales virtuales, que no existen en la realidad, pero en asuntos como éste que deben abordarse con una política integral se lavan las manos y se limitan a darle un dinero al Ayuntamiento de Poio para que se busque la vida y acabe generando problemas en toda la comarca".