SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
El agente de la Guardia Civil que disparó en agosto de 2015 a Javier Fernández, que fue batería de Los Piratas, será juzgado por homicidio imprudente, según un auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ponteareas (Pontevedra).
Así lo ha confirmado a Europa Press el abogado de la viuda, Gerardo Gayoso, quien ha ratificado que la jueza instructora ha impuesto una fianza de 30.000 euros al agente.
La acusación particular solicita para el guardia civil cuatro años de prisión y seis de inhabilitación profesional, mientras que Fiscalía ha pedido el archivo de la causa porque entiende que el procesado actuó en defensa propia.
Ya en septiembre trascendió que la magistrada ve indicios de la comisión de un delito de homicidio por imprudencia grave por parte del agente de la Guardia Civil que el 26 de agosto de 2015 efectuó el disparo que acabó con la vida del que fue batería de Los Piratas.
Así constaba en el auto de transformación de la causa a procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción. A raíz de ello, la Fiscalía presentó un escrito por el que pidió el sobreseimiento de la causa. Por su parte, las dos acusaciones particulares, que representan a familiares del fallecido, secundaron los indicios de delito.
FISCALÍA Y ACUSACIÓN
La Fiscalía solicitó el archivo de la causa basándose en que la actuación del agente de la Guardia Civil al disparar se ampara tanto en la justificación de legítima defensa como en la eximente completa de cumplimiento del deber.
El abogado Gerardo Gayoso, que representa a la viuda y al hijo menor de edad del fallecido presentó un escrito de acusación en el que mantiene que hay indicios de criminalidad por homicidio por imprudencia grave profesional. Por tanto, pidió que sea condenado a una pena de cuatro años de prisión, y a otros seis de inhabilitación para el ejercicio de su profesión.
VERSIONES CONTRADICTORIAS
La muerte de Javier Fernández ha estado rodeada de polémica desde el primer momento, ya que la familia y la Guardia Civil mantienen versiones contradictorias sobre lo ocurrido en la vivienda.
Mientras que el Instituto Armado informó de que la intervención en la vivienda se llevó a cabo por un supuesto delito de violencia de género, la mujer del batería ha negado en todo momento que fuese víctima de malos tratos, y ante el juzgado ratificó que ese día su marido se comportó de forma violenta porque tenía una crisis derivada de la retirada de la medicación para su enfermedad psiquiátrica.
Según la Guardia Civil, el fallecido se comportó de forma muy agresiva y atacó a uno de los agentes que estaba en su domicilio. Ante la persistencia de su actitud, y siempre según la versión ofrecida por la Benemérita, el otro guardia se vio obligado a realizar un disparo intimidatorio que le alcanzó en el abdomen, causándole la muerte poco después.
Sin embargo, su viuda y sus amigos sostienen que pidieron ayuda porque Javier Fernández tenía un brote psicótico y que en todo momento se advirtió a los agentes y a los sanitarios desplazados a la vivienda que el músico era un enfermo mental. La mujer ha negado, asimismo, que la hubiera tenido retenida o que hubiera corrido peligro ella o su bebé de pocos meses.
