Guerra defiende que la nueva ley eólica supondrá más de 1.000 millones para la Xunta en los próximos 20 años

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva Ley que regula el aprovechamiento eólico y por la cual se crea un canon para estas actividades y se desecha definitivamente el decreto eólico que había impulsado el bipartito superó hoy su primer trámite parlamentario, después de que la mayoría absoluta del PP rechazase las enmiendas a la totalidad propuestas por socialistas y nacionalistas para exigir la devolución del texto.

El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, defendió ante el pleno del Parlamento el proyecto legislativo, al aducir que supondrá ingresos por valor de 1.032 millones de euros en los próximos 20 años para la Xunta de Galicia, procedentes del canon eólico, frente a los 567 millones del modelo definido por el bipartito.

De hecho, dedicó gran parte de su intervención a criticar el decreto eólico, del que evidenció que adolece de falta de legalidad tanto en su vertiente ambiental --con parques en Red Natura y fuera del área definida por el plan sectorial-- como en lo relativo a la participación pública de la Xunta en el capital social de las empresas adjudicatarias.

En este punto, el conselleiro advirtió de que "no se puede mantener" el anterior decreto porque, alertó, tendría "consecuencias irreparables" en un sector que representa el ocho por ciento del Producto Interior Bruto gallego. "Hay que dejar sin efecto esta envenenada herencia para dar garantías al sector", apostó.

Así, destacó que la nueva ley servirá para aportar seguridad jurídica, racionalizar los procedimientos administrativos adjudicatarios, garantizar los planes industriales asociados a los proyectos eólicos y asegurar las compensaciones a los ciudadanos afectados.

En cambio, los portavoces de PSdeG y BNG, Abel Losada y Fernando Blanco, respectivamente, justificaron su petición de devolución de la nueva normativa en que responde a intereses económicos "inconfesables" y en que supondrá "pérdidas" de garantías ambientales, ya que las empresas no tiene obligación de contar con una declaración de impacto ambiental de los parques eólicos.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

A mayores, uno de los puntos que hicieron subir la tensión del debate fue la participación de la Xunta en el sector eólico. Mientras el titular de Industria insistió en que ese extremo es "ilegal" siempre que se haga de manera obligatoria, los representantes de PSdeG y BNG en el debate recordaron que el Gobierno gallego participa en distintas empresas energéticas, tales como Reganosa y Gas Galicia.

"Es una concepción no liberal, sino neoliberal, y mucho", sentenció el ex conselleiro del ramo Fernando Blanco, para quien la intervención pública se debe producir en todos los sectores estratégicos y lamentó que se limite a las empresas con pérdidas. "Y cuando no hay problemas se reparten los dividendos entre los amigos", censuró Abel Losada.

Tras las acusaciones de Blanco de pretender una vuelta al "colonialismo" que detectó en los casi 16 años de Gobierno de Manuel Fraga, cuando empresas foráneas "expoliaban" los recursos energéticos de Galicia sin "generar nada", Javier Guerra evidenció que el canon planteado por la nueva ley dejará en la Comunidad gallega 1.032 millones de euros, que contrapuso con los 567 millones procedentes de los dividendos libres del bipartito. Además, calculó que se ingresarán, "de modo inmediato", 25 millones de euros.

"Habilitan ayudas para incrementar el uso y la producción de energías renovables, por lo que no parece lógico gravarlas", reflexionó, al tiempo que auguró que este canon "recaerá" sobre los consumidores, que verán incrementada su factura eléctrica.

Asimismo, el diputado socialista interpretó que el fondo de compensación destinado a "acciones de reposición medioambiental" en los ayuntamientos afectados por la instalación de parques eólicos, según había explicado Javier Guerra, servirá para que el "comisario político" Alfonso Rueda --como bautizó al conselleiro de Presidencia-- pueda repartirlo "aplicando el baltarismo".

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Por otra parte, los grupos de la oposición criticaron que los parques de menos de 50 megawatios estén exentos de presentar una declaración de impacto ambiental. "Las condiciones de respeto al medio ambiente se reducen", incidió el portavoz de la formación frentista, al evidenciar que "quedan fuera más de la mitad".

"Se dedican a introducir triquiñuelas para defender unos intereses concretos", denunció Abel Losada, quien apostó por "ver qué empresas" resultan beneficiadas del nuevo reparto eólico. De hecho, vinculó la redacción de este anteproyecto y la supresión del anterior a que "no recibían las concesiones" las empresas que los miembros del PP "querían".

Frente a esto, el conselleiro de Economía e Industria certificó que la ley "no permite" la ubicación de parques eólicos en Red Natura ni en sus ampliaciones, puesto que existe "máximo respeto" a esta figura de protección; al tiempo que aseguró no tener "ningún amigo" en el sector eólico.

"MISERIAS EÓLICAS"

Por último, el portavoz del PP en el debate del anteproyecto, Pedro Arias, tildó al bipartito de "fabricante de pobreza y miserias eólicas". "Se creen los amos del universo y de las esencias de Galicia, pero son un esperpento político y práctico", reprobó.

"La sociedad los ha calado y por eso los ha puesto en la oposición", evidenció el popular, quien recomendó a PSdeG y BNG "reciclarse" para volver a tener "posibilidades" dentro de "un tiempo". "Sería bueno para nosotros tener competencia política", concluyó, tras descalificar su "pobreza adjetivaria".