SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz parlamentario del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, aseguró hoy que "no está ni debería estar" en la agenda política la modificación de la Ley de Toponimia de Galicia, con el objetivo de introducir la doble nomenclatura en castellano y en gallego de A Coruña, puesto que no hay "nada que pueda sustituir eficazmente" esta normativa.
Preguntado por los periodistas, el dirigente socialista recordó que esta ley, aprobada por el anterior Ejecutivo popular, contó con un "amplísimo consenso" e interpretó que éste sería "mayor" de producirse la votación en el momento actual. Además, defendió que este texto sirvió para "dar una solución extremadamente razonable" a las "dificultades" en relación con ciertos topónimos gallegos.
En este sentido, reivindicó esta ley como "la referencia adecuada" y, se sumó a las críticas del secretario xeral del PSdeG, Manuel Vázquez, por la reapertura del debate en relación con el nombre oficial de la ciudad herculina. "Esta cuestión nace en el ámbito del PP y debe resolverla el PP", zanjó.
Sobre las declaraciones de su jefe de filas el pasado lunes, cuando emplazó al Ayuntamiento coruñés a resolver esta cuestión en pleno porque en Galicia existen dos idiomas oficiales, el portavoz de los socialistas en la Cámara gallega apostó por separar el ámbito "ciudadano" del "legal o institucional".
SIN DEMANDA SOCIAL
En este "ámbito ciudadano", Leiceaga defendió que "cada uno" puede llamarle a su ciudad del modo que crea "oportuno" en función de la lengua que utilice y consideró que esto "no debe suscitar ningún problema".
De este modo, tras interpretar que Vázquez aludió al "ámbito ciudadano" cuando aseguró que el cambio en el topónimo "debería ser fruto de un consenso ciudadano", abogó por "estar atentos" a la "evolución de la sensibilidad social" sobre este y otros asuntos.
En todo caso, aseguró no haber "detectado" que exista en Galicia una "demanda social" o un "interés ciudadano" sobre una modificación de la Ley de Toponimia de Galicia. Por ello, y ante la constatación de que este texto normativo "no suscitó problemas relevantes" en los últimos años, apostó por no iniciar su modificación.