La ley que permitirá consultar a los padres por la lengua inicia su recta final con críticas de la oposición

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Actualizado: martes, 26 abril 2011 14:51

Vázquez asegura a PSdeG y BNG que "hay tiempo para enriquecer" el texto en la Cámara y defiende la necesidad del texto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ley de Convivencia y Participación, que permitirá realizar encuestas a los padres para consultar la lengua en que quieren escolarizar a sus hijos y regulará la autoridad del profesor, ha iniciado este martes la recta final de su tramitación con su entrada en la Cámara autonómica, en la que ya ha recibido las críticas de la oposición y llamadas del conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, a que "hay tiempo para enriquecer el texto".

No obstante, los grupos del PSdeG y del BNG han confrontado el espíritu con el que nace la normativa al asegurar que la ley surge con el "fin último" de "legalizar" las consultas a los padres sobre la lengua en que quieren escolarizar a sus hijos bajo el epígrafe de participación, lo cual ha rebatido el popular Román Rodríguez, quien se ha preguntado si la oposición pretende limitar el "derecho constitucional" a que los padres participen.

Otra de las claves que ha resaltado el conselleiro en la presentación de este proyecto de ley --que contó con el rechazo del Consello Escolar (máximo órgano de representación de la comunidad educativa)-- ha sido que por primera vez se regulará el acoso escolar y la "dignificación" del profesor, pero socialistas y nacionalistas lamentan que son "vaguedades" las referencias en este sentido y advierten de que no mejorarán el clima escolar.

"Convivencia sí, este bodrio no". Así terminó el debate parlamentario en palabras del socialista Guillermo Meijón, quien, previamente, había esgrimido sus argumentos para pedir la devolución del texto en base al corte "prohibitivo y sancionador" de la normativa y a que es una ley "igual que el Caballo de Troya", es decir, "pretende dar cobertura a las encuestas del gallego de Feijóo (el presidente de la Xunta)".

También en este sentido se pronunció la nacionalista Carme Adán, quien ha advertido que detrás de la participación, el Gobierno gallego pretende "reducir la presencia del gallego". En este sentido, ha señalado que "no hay ninguna regulación" que ampare la "autenticidad y neutralidad" en el caso de las consultas.

"IMPONER SIN CONVENCER"

Guillermo Meijón ha reprochado que el texto pretende "embarrar la convivencia y participación" y, para argumentarlo, reprobó ante el conselleiro en el hemiciclo que "despreció la oportunidad de un consenso" previo con la comunidad educativa.

"Imponer sin convencer, presionar", ha ilustrado el diputado del PSdeG, quien ha criticado, asimismo, que la normativa carece de un informe diagnóstico y obvia el marco legal existente.

"¡Ojalá no fuese necesario mejorar el clima en las aulas y la convivencia!", le ha corregido Román Rodríguez en su intervención, en la que explicó que un informe de un sindicato no afín al PP revela que los profesores emplean el 40 por ciento de su tiempo en "mantener el orden" en las aulas.

Además, y tras acusar a la oposición de "impedir el diálogo", ha proclamado que "sólo un caso de maltrato justificaría esta normativa". Sin embargo, la parlamentaria del BNG ha asegurado que "lo lamentable es que no se empleen medidas claras" reclamadas para este ámbito y ha afirmado que es "papel mojado".

Carmen Adán, además, también ha llamado la atención sobre el hecho de que la Xunta "renuncie" a regular la vestimenta y los productos que los profesores podrán incautar a los menores. Así, ha reclamado un "protocolo general" gallego contra el acoso escolar y garantizar la "libertad religiosa" en una educación "laica".

Los grupos de la oposición también reprueban que no haya una dotación presupuestaria prevista para implementar esta ley, ante lo cual el parlamentario del PPdeG les replicó que "sólo una visión anquilosada" entiende que "sólo se pueden hacer más cosas con más recursos."

Tampoco se escaparon las referencias a tesis de pensamiento en el debate, y mientras que Román Rodríguez concluyó que los nacionalistas pretenden conservar el sistema educativo como "correa de transmisión ideológica", Carme Adán se mostró "indignada" porque, a su juicio, la normativa "sólo responde al TDT Party madrileño", en referencia a los canales que se transmiten por esa vía.

Con anterioridad, y también apelando a la "indignación" escrita por Stéphane Hessel, Guillermo Meijón interpretó que el conselleiro "salió tocando Arrebato" en un primer momento, pero no en el sentido del autor del libro, sino porque "no quería ser menos que Madrid o Valencia", pero al final "cambió" el nombre de la normativa para eliminar "autoridad", por convivencia y participación.

TIEMPO PARA ENRIQUECER

Antes de asegurar que había "tiempo para enriquecer" el texto en el trámite parlamentario, el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, ha subrayado la necesidad de éste debido al "clima escolar" actual y por la conveniencia de dar "seguridad jurídica" al plan de convivencia.

Sobre este extremo, ha indicado que desde el curso 2000-2001, Galicia ha contabilizado 10.000 expedientes disciplinarios, lo que supone 3 por cada 1.000 alumnos.

Jesús Vázquez ha defendido que regular la participación de los padres es "oportuna" por la baja participación de éstos, según dijo en base a un informe del Consello Escolar, en los procesos educativos.

El conselleiro de Educación, asimismo, ha reivindicado que en un momento de dificultades económicas, la Xunta "está apostando como nunca por la educación pública, se aprenden más idiomas que nunca, hay más tecnología que nunca". "Y la nueva ley quiere reforzar el papel de los profesores e implicar a los padres", ha remachado.

PROTESTA

Minutos antes del comienzo del pleno, una treintena de delegados de la CIG se manifestó ante las puertas del Pazo do Hórreo para expresar su rechazo al texto legislativo bajo una pancarta en la que avisaban de que en nombre de la convivencia y participación, el PP "legisla para el conflicto y la imposición".

En declaraciones a los medios, el secretario xeral de CIG-Ensino, Anxo Louzao, ha asegurado que "bajo ningún concepto" consideran que esta normativa "va a aportar algo a la enseñanza" y ha reprochado que llega a la Cámara de forma "fraudulenta y engañosa", y con el fin de "reducir el gallego en la enseñanza".