Actualizado 10/07/2012 23:31 CET

Mato celebra que la reforma de la ley de Dependencia prime servicios frente a prestaciones económicas

ADXUNTAMOS IMAXE DO CONSELLO TERRITORIAL DE DEPENDENCIA CELEBRADO HOXE EN MADRID
EUROPA PRESS/XUNTA

Admite que no se va a garantizar la incorporación inmediata de todos los dependientes en el sistema

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las responsables en materia de Dependencia de las Comunidades Autónomas se han reunido este martes en Madrid con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, quien les ha presentado una serie de propuestas para la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que aprobó el Gobierno socialista, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero. De todas las propuestas del Ministerio la que mayor aceptación ha tenido entre las autonomías es la que tiene que ver con primar los servicios profesionales a la dependencia frente a las prestaciones económicas, celebrada por la conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta, Beatriz Mato.

"La reforma va a fomentar, algo que no sólo defendemos y reclamamos sino que además estamos llevando a la práctica, la prestación de servicios frente a las pagas del cuidado familiar. Esto se va a destinar a la formación del cuidador que garantice la calidad de la atención", ha destacado Mato, en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

Asimismo, Mato ha calificado la reforma de la Ley de Dependencia como "necesaria" y ha dicho que las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad están dirigidas "al cumplimiento de la Ley", son propuestas acordes "a las circunstancias económicas" y "van a garantizar la posibilidad de, desde las comunidades autónomas, incorporar más gente en el sistema", lo que ha valorado de "manera positiva". "Son medidas que se toman que pueden entenderse de una manera difícil pero es una medida positiva", ha enfatizado.

"Dicho esto, lo que sí es verdad es que no se va a garantizar la incorporación inmediata de todos los dependientes en el sistema y que por lo tanto tenemos que continuar en esta senda iniciada que yo reclamé en el seno del Consejo: fomentar los servicios, ponderar más económicamente la aportación del Gobierno a las CCAA que den esos servicios, que esa ponderación se haga ya y garantizar que la aportación de las administraciones para la atención al dependiente vaya buscando la senda del 50-50", ha argumentado.

También, la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Nieves Rojas de León, se ha mostrado satisfecha con que se prioricen los servicios y la atención profesional en el domicilio, tal como, según ha indicado, hace Canarias, "porque genera mucho más empleo", da "una atención de calidad" y "libera a las mujeres, que son las eternas cuidadoras de las personas dependientes".

Además, ha señalado que se bajará un 15 por ciento la prestación económica para desincentivar que las personas apuesten más por el cuidado de la persona en el entorno familiar ya que "no es precisamente lo más acertado", al tiempo que ha explicado que en Canarias "se ha hecho compatible la ayuda a domicilio con el centro de día, aunque se daría con distinta intensidad". "La suma de las horas que se da por estos servicios cumple la intensidad de todos los servicios", ha recalcado Rojas de León.

EL DEPENDIENTE TENÍA QUE SER EL "CENTRO"

La consejera de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia, María Ángeles Palacios, ha manifestado que la Ley nació con la pretensión de que el dependiente tenía que ser el "centro" y estar lo "mejor atendido posible", pero "también para algo muy importante que es crear empleo". "Los dependientes tienen que estar cuidados, a ser posible, por profesionales. Eso no significa que estemos en desacuerdo con que si una persona puede y tiene algún profesional que lo pueda atender siga estando con su familia. Es una muy buena idea", ha recalcado.

"Nosotros tenemos que intentar por todos los medios cumplir la Ley. No tenemos ningún inconveniente en tomar todas las medidas que sean necesarias para que el sistema sea lo más sostenible posible", ha dicho.

Según Palacios, "hay un 50 por ciento más" de dependientes en Murcia respecto a las previsiones que había hecho el Gobierno autonómico para el año 2012, lo que ha generado una situación "difícil desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de que entren más personas en el sistema".

Por su parte, el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Jorge Cabré, ha destacado que una de las medidas "más importantes" para la Valencia es la que se refiere a "primar los servicios profesionales". Además, ha señalado que se tiene que tener en cuenta que hay muchos ciudadanos que tienen que ser atendidos en sus domicilios y "ha de respetarse su decisión".

Para Cabré, la reforma intentará, al menos, que la Ley sea "lo suficientemente sostenible", y si no fuera así, ha anunciado que "se seguirían tomando medidas". Sobre la modificación del copago de sus usuarios tal y como ahora está establecido, el consejero ha indicado que se trata de que "todos los beneficiarios participen del copago".

"UNA LEY SIN EL MARCO FINANCIERO ADECUADO"

El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Aragón, Ricardo Oliván, ha indicado que "se creó una ley sin el marco financiero adecuado y lo que se busca es crear una ley adaptándola a diferentes medidas de financiación". En cuanto a los servicios sociales el consejero aragonés estableció que "con un poquito de imaginación y mucha coordinación" se pueden seguir manteniendo los mismos servicios.

"Hay que analizar como impacta en la comunidad de Aragón. En nuestra comunidad priman desde siempre las ayudas económicas a las familias, pero hay que orientarlas a lo que la ley marcaba en un principio que era un servicio personal. Tanto la financiación de la ley que se promueve ahora como la filosofía de la ley que se mantiene marcan ese camino", ha detallado.

Para la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, la reforma supone un "retroceso" en el desarrollo de la misma porque "cambia la orientación del modelo". Así, ha lamentado que la propuesta prime las prestaciones residenciales sobre las que se dan en el entorno familiar, a la vista de que según la documentación que ha sido entregada por la ministra Ana Mato la distribución de fondos se cambia para reconocer no sólo los dependientes atendidos sino también para preponderar el tipo de servicio.

Además, para Montero es "paradógico" que se tienda a darle más importancia a los recursos residenciales sin aportarse estudios técnicos que así lo avalen. Al respecto, ha señalado que ha habido discrepancias con algunas comunidades en este sentido y ha apuntado a que ese cambio de modelo puede ser aceptable en las grandes ciudades, en las que no hay tantas redes familiares que se encarguen de los dependientes, pero no en una comunidad rural como Andalucía, "donde la preferencia de las personas es seguir en su domicilio".

"FLEXIBILIDAD" PARA REFORMAR LA LEY

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha reclamado "flexibilidad" a la hora de reformar la Ley porque, a su juicio, deben "primar los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas" en los cuidados del entorno familiar porque dan "garantía de calidad" en la atención. También, ha defendido la necesidad de mantener un modelo "que viene funcionando en Castilla y León y que garantice la viabilidad del sistema".

Finalmente, el consejero de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Josep Lluís Cleries, ha destacado que algunas de las medidas afectan "a las competencias de Cataluña y del resto de comunidades". En concreto, ha destacado que el decreto muestra que el precio máximo para las residencias se ha fijado en 1.600 euros, y en Cataluña el precio máximo está fijado en 1.869 euros por lo que hay una diferencia que "irá a cuenta de los beneficiarios".