PONTEVEDRA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará este jueves a un hombre acusado de maltratar de forma habitual y agredir sexualmente a su pareja en Vilagarcía de Arousa, para el que la Fiscalía pide 17 años y 1 mes de prisión.
El procesado y la denunciante mantuvieron una relación durante más de diez años, durante los cuales tuvieron dos hijos. Según el escrito del Ministerio Público, desde los inicios de la relación el acusado mostró hacia su pareja un comportamiento "controlador y autoritario" que provocó el aislamiento de ella.
Estos comportamientos se traducían en el control de su vestimenta y amistades, empujones y amenazas, entre otros. En una ocasión, tras una discusión, el acusado hizo ademán de golpear a la víctima y, en otra, la agarró de los brazos y la zarandeó.
Tal y como apunta el Ministerio Público, en diciembre de 2019, la denunciante pidió poner fin a la relación, tras lo que él profirió gritos y dio un puñetazo al sofá. Tras este episodio, continuaron conviviendo, pero sin mantener una relación de pareja.
Poco después, tras volver de un pub y después de que ella manifestara que no quería mantener relaciones sexuales, la agredió sexualmente, obligándole a practicar una felación y penetrándola vaginalmente.
La Fiscalía considera los hechos descritos constitutivos de un delito de maltrato habitual, dos delitos leves de lesiones --uno de ellos en domicilio familiar--, un delito de coacciones leves y otro de agresión sexual, por los que pide un total de 17 años y un mes de prisión para el acusado.
Exige que se le prohíba al procesado aproximarse a la denunciante, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por ella a una a una distancia inferior a 500 metros, así como la comunicarse con ella por cualquier medio, incluso a través de terceros, por un tiempo de 22 años y un mes.
Además, la Fiscalía pide una inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena solicitado por agresión sexual (equivalente a 12 años) y, también por este motivo, solicita una pena de libertad vigilada de siete años una vez haya salido de prisión. Por otro lado, exige una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo en el caso del resto de delitos por los que se le acusa.