Entrega a la Fiscalía documentación sobre unos hechos que vincula con un intento de "controlar" los mercadillos
A CORUÑA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación Galega de Ambulantes y Autónomos, Francisco Romero Alvite, ha reclamado al delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, que se posicione públicamente en contra del "destierro" de familias de etnia gitana en Tui y O Porriño (Pontevedra), supuestamente impuesto por la llamada 'familia real gitana' a cuatro pastores evangélicos, y también "garantías" para que puedan regresar.
En declaraciones a Europa Press, ha explicado que ha aportado documentación tanto en la Delegación del Gobierno en Galicia como en la Fiscalía gallega, en un caso, para reclamar "una declaración del delegado del Gobierno reconociendo que los destierros son inconstitucionales" y, en otro, "para que se investigue", ha recalcado.
En concreto, Romero Alvite ha acudido a la Fiscalía Superior de Galicia para prestar declaración tras la apertura de diligencias de investigación por parte de ésta para esclarecer el éxodo masivo de estas familias y después de que el propio Alvite pusiese en conocimiento del Ministerio Público esos hechos.
Para el presidente de la Asociación Galega de Ambulantes y Autónomos, debe investigarse si 'destierro' pudo ser constitutivo de algún delito. "Nadie puede sufrir ese tipo de violencia", ha indicado a Europa Press Francisco Romero Alvite, para quien, con esta medida, hubo "una violación de los derechos humanos".
"Son cuatro familias, que suman 20 personas, pero hay otras que están sufriendo daños colaterales", ha apostillado sobre las que les acompañaron. "Esta expulsión debe considerarse como un maltrato", ha insistido en la misma línea.
"DESIDIA" DE LOS ALCALDES
Por otra parte, ha vinculado los hechos con un intento de "controlar el mercadillo" y ha reprochado a algunos alcaldes "su desidia".
Con excepción de Marín, ha indicado que en municipios como Barro, Moaña, Cangas, o Ponteareas, "se le da pienso al monstruo", ha añadido tras vincular lo sucedido con "una casta que intenta colocar" en los puestos del mercado "a una clase A". "Y los expulsados son de clase B", ha dicho para resumir lo sucedido.
Además de pedir a la Fiscalía que investigue tanto lo sucedido en este caso como en otros hechos similares, ha reclamado "una declaración pública" del delegado del Gobierno en Galicia y que se den "garantías" a las familias "para que puedan recuperar sus casas, sus puestos y sus colegios", ha apuntado sobre los niños que estaban escolarizados.
CONFLICTO
Este conflicto tiene su origen en enfrentamientos internos entre vendedores ambulantes de etnia gitana tras la suspensión del conocido como mercadillo de la frontera en Tui. Un grupo de feriantes, encabezados por la asociación Sociedad Gitana y la 'familia real' de esta etnia (cuya cabeza visible es Sinaí Giménez) inició protestas y un boicot al mercadillo alternativo.
Sin embargo, otros gitanos se mostraron reacios a secundar dicho boicot y se desataron los enfrentamientos. Giménez y los suyos culparon a cuatro pastores de la Iglesia Evangélica de perjudicar la actividad de los feriantes y de ser "traidores" y "confidentes" del alcalde de Tui, por lo que decidieron su destierro.
Varios centenares de personas (entre ellos decenas de niños que estaban en escolarizados en la comarca) se sumaron al destierro en apoyo a los pastores y para denunciar la situación de presión de la 'familia real gitana'. La mayor parte de ellos pertenecen a clanes zamoranos y muchos han abandonado Tui y O Porriño tras décadas asentados en estos pueblos.
