El PPdeG destaca el carácter "social" de la normativa y PSdeG y BNG avisan de la reducción de sanciones por casos "graves y muy graves"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de Ley de Vivienda de Galicia, que incorpora un nuevo régimen de copropiedad, empezará su trámite parlamentario en el pleno de esta semana, en el que los grupos de la oposición pedirán la devolución al Gobierno para empezar de nuevo este texto con el que no concuerdan.
Pese a ello, el portavoz del Grupo Parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha confiado en que pueda encontrar el "consenso" en el transcurso de la tramitación de la normativa.
La nueva Ley de vivienda de Galicia, aprobada en el Consello de la Xunta del pasado 12 de abril, incorporará un nuevo régimen de "copropiedad" con la Xunta, según el cual el comprador de una vivienda de promoción pública (VPP) adquirirá un mínimo "del 60 por ciento" del inmueble pudiendo comprar posteriormente el resto de la propiedad. Esta normativa también incluye otras categorías nuevas de viviendas de promoción pública, como las concertadas.
Además, esta normativa prevé la "mejora en la lucha contra el fraude", así como en la "seguridad jurídica", al tiempo que trata de "impulsar y estimular la compra-venta" de vivienda, tal y como ha destacado en días pasados el portavoz popular en la Cámara gallega. Del texto, también ha destacado que promueve "el acceso a la vivienda" para las personas más desfavorecidas y "refuerza el carácter social".
En sede parlamentaria, y vinculado con esta normativa --si bien no se regula en esta ley-- la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, explicó, recientemente, que los hijos nasciturus --que han de nacer-- contarán como miembros de la unidad familiar a la hora de pedir ayudas a la Xunta en materia de vivienda.
Sin embargo, los grupos de la oposición, según los datos recabados por Europa Press, han registrado sendas enmiendas a la totalidad el texto con la petición de devolución al Gobierno.
"SE SUPRIMEN LOS ASPECTOS MÁS SOCIALES"
En este sentido, el PSdeG arguye que esta normativa "no contribuye a garantizar el derecho constitucional" a una vivienda digna y critica que se "suprimen los aspectos más sociales y progresistas de la ley en vigor", que aprobó el bipartito en 2008.
Así, considera que se "descuidan las particularidades" propias de Galicia y "anula aspectos importantes como el objetivo de una mayor cohesión social y para la atención de las familias con menores recursos".
En el escrito en el que se pide la devolución, los socialistas señalan que "no se considera ninguna previsión o dotación mínima de gasto público para la promoción futura de viviendas protegidas y no se realiza ninguna referencia temporal para garantizar su acceso por parte de las familias demandantes".
Los socialistas advierten de una "reducción muy relevante y significativa" en las reservas mínimas de suelo para viviendas protegidas y "rebaja sin justificación válida" las sanciones en la materia. Además, "elimina cualquier proceso de participación efectiva, principalmente con los ayuntamientos, no promoviendo ningún tipo de acuerdo o pacto".
"PRETENDE FACILITAR LOS EXCEDENTES"
Para los nacionalistas, la razón de pedir la devolución razona en base a que "ninguno de los objetivos" expuestos en la ley "se compadece bien con la práctica política y presupuestaria del Gobierno, bien con la literalidad del propio proyecto" legislativo.
De esta manera, critica que "no incorpora ninguna medida para paliar la dramática situación de miles de familias gallegas que están siendo privadas de sus viviendas", al no poder hacer frente a los pagos mensuales de sus hipotecas como consecuencia de la crisis económica de la que "no son responsables".
Asimismo, avisa de que "esta ley no pretende dar solución a las necesidades habitacionales" de las personas con menor capacidad económica, sino "facilitar la colocación en el mercado de los excedentes de vivienda de promotores e instituciones financieras que se enriquecieron mientras inflaban la burbuja inmobiliaria" y que "ahora, con la complicidad de los gobiernos, pretenden que el resto de la sociedad cargue con las consecuencias".
"Estamos ante una rebaja de la legislación gallega en toda regla, que redundará en el deterioro de la cantidad y calidad de la oferta", señala la argumentación del BNG, que critica que se trata de un "proyecto excesivamente sesgado hacia los intereses de los promotores, que en contra de reforzar los derechos de los adquierentes, rebaja las sanciones incluso en los casos graves y muy graves".
