Queda sin efecto la citación del técnico de Cespa en la Operación Patos

Europa Press Galicia
Actualizado: miércoles, 9 marzo 2016 10:45

   VIGO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El juzgado de instrucción número 7 de Vigo ha dejado sin efecto la citación de Juan Ramón A.G., investigado en la pieza principal de la Operación Patos, tras recibir un escrito en el que este extécnico de Cespa señalaba que se acogería a su derecho a no declarar.

   Este investigado fue uno de los cinco detenidos cuando estalló la Operación Patos, en febrero de 2014, y la investigación policial le atribuye haber participado en irregularidades relacionadas con el servicio concesionado de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Vigo.

   Al igual que ya sucedió con el dueño de Eiriña, Enrique Alonso Pais, y su socio, Jaime A.V., el extécnico de Cespa ha optado por guardar silencio ante la jueza todas las veces que tuvo que comparecer en el juzgado (la de este miércoles hubiera sido la tercera vez).

   En el sumario, la Policía manifiesta sus sospechas de que la empresa Cespa resultó beneficiada por el gobierno y los funcionarios municipales mediante prácticas irregulares. Así, se refleja una conversación de Juan Ramón A.G. con una familiar en la que le asegura que el alcalde, Abel Caballero, le había dado 126.000 euros para que los gastase "cuando quiera y donde quiera".

   En el sumario también se exponen las sospechas de la UDEF de que técnicos municipales viajaron a un congreso de Parques y Jardines a Málaga, cuyos gastos sufragó la concesionaria. Asimismo, la Policía pone en duda la legalidad de las obras de humanización de Avenida Castelao, además de las ampliaciones del contrato del mantenimiento de zonas verdes.

   Con respecto a esta concesión, la UDEF considera que el concejal vigués Ángel Rivas trató de compensar a Cespa por la negativa del interventor a pagar a la empresa las amortizaciones del contrato. Así, en las conversaciones intervenidas los imputados hablan de un acuerdo "político-comercial" entre el Ayuntamiento y la concesionaria que, según la Policía, habría tenido como resultado una ampliación de contrato por más de 126.000 euros en 2013.

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