LUGO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juicio por el incendio registrado en 2019 en la planta de Tableros Hispanos de Nadela, en Lugo, ha comenzado este lunes, tras siete años de espera, con un acuerdo parcial entre la Fiscalía y tres de los acusados, que aceptaron penas de dos años de prisión y un año y medio de inhabilitación por un delito de homicidio y tres de lesiones por imprudencia. Aceptan así su responsabilidad en el siniestro, en el que murió un trabajador y otros tres resultaron gravemente heridos.
Los condenados son el representante legal de la empresa, el director de la fábrica y un técnico de prevención de riesgos laborales de la compañía. Ninguno de ellos ingresará en prisión, ya que las penas no superan los dos años y ha solicitado la suspensión de la condena, que les ha sido concedida.
Para ello, el Ministerio Fiscal ha tenido en cuenta la reparación parcial del daño, al haber abonado ya parte de las indemnizaciones, así como las dilaciones sufridas por el procedimiento judicial, que ha retrasado su inicio siete años.
También se debate en el juicio la cuestión de las indemnizaciones, que se resolverá durante este proceso, que está previsto para tres jornadas y que, debido a la cantidad de abogados implicados, se ha tenido que llevar al edificio de la Audiencia provincial.
La vista oral ha continuado únicamente contra un cuarto acusado, un técnico externo de prevención de riesgos laborales, que no ha llegado a un acuerdo con las acusaciones. Su defensa había solicitado el archivo de la causa, pero el juzgado ha rechazado esa petición.
Por otra parte, un quinto investigado, representante de la empresa encargada de elaborar los planes de prevención, ha quedado finalmente absuelto después de que las acusaciones particulares retiraran los cargos contra él.
MAYO DE 2019
El proceso judicial se centra en el incendio y posterior explosión ocurridos el 25 de mayo de 2019 en las instalaciones de Tableros Hispanos. El fuego se originó inicialmente en uno de los silos de la planta y se extendió después a otras zonas de almacenamiento de viruta.
Según sostiene la Fiscalía, tras extinguir las llamas, estos advirtieron expresamente a los responsables de la empresa de que no se manipulara el silo afectado durante al menos 24 horas para evitar una posible reactivación del incendio. Sin embargo, la acusación mantiene que esa recomendación fue ignorada y que se ordenó a los trabajadores del turno de noche, que acababan de entrar, proceder al vaciado y limpieza manual de los silos.
Fue durante esas tareas cuando se produjo una nueva explosión en el interior del silo de viruta fina, presuntamente al entrar oxígeno en contacto con rescoldos todavía activos. Las llamas alcanzaron de lleno a varios operarios que trabajaban sobre una pasarela elevada.
"ESTOY VIVO PORQUE ERA EL ÚNICO QUE MANEJABA LA PALA"
En esta primera jornada, han declarado en primer lugar los empleados heridos y que formaban parte de la cuadrilla encargada de limpiar el silo quemado. Los tres han declarado que los incendios en los silos "eran relativamente frecuentes" y que no existía un protocolo claro de actuación. "No era la primera vez que se incendiaba un silo. Se vaciaba manualmente y se iba resolviendo sobre la marcha", explicaron ante el tribunal. Los tres no estaban en su zona de trabajo habitual y fueron escogidos al azar para realizar estas tareas.
El trabajador más afectado físicamente por las quemaduras, que se encontraba junto al fallecido, ha recordado cómo se produjo la explosión: "Estábamos en la pasarela vaciando el silo y de repente hubo una explosión. Todo se llenó de polvo y fuego. Logré salir por unos tubos, pero sufrí quemaduras por todo el cuerpo".
Los otros dos trabajadores, uno que manejaba la pala y otro una manguera no cuentan con quemaduras físicas pero si con un gran perjuicio sicológico que les ha llevado a ser retirados del trabajo. Claramente afectados describieron lo sucedido en el silo.
"Yo salvé la vida porque era el único de los cuatro que sabía usar la pala, ya que en un principio iba a subir en el lugar de Julio", ha explicado uno de ellos. Ambos fueron los encargados de atender a los dos heridos en una zona en la que continuaban las explosiones, "aunque no teníamos formación en primeros auxilios, pero hicimos lo que pudimos", se ha lamentado uno de ellos.
También han recordado las víctimas que desde que se produjo el accidente, no se han vuelto a producir incendios en ese lugar. "Ha tenido que morir un compañero y dejarnos así a otros tres para que se solucionaran las cosas", ha insistido.
Además de las víctimas, también ha declarado el jefe de planta esa noche, que ocupaba ese puesto por casualidad, ya que es un "correturnos" y que ha corroborado las declaraciones de sus compañeros asegurando que la elección de la cuadrilla se hizo de forma arbitraria y que el jefe le había indicado que se procediera a la limpieza del lugar "sin prisa" porque hasta el lunes no llegarían las piezas para reparar las máquinas que había dañado el fuego.
Uno de los bomberos también ha considerado "innecesario" y "erróneo" que se procediera a la limpieza de la zona sin haber esperado a que los restos del incendios se hubiesen "ahogado" por la falta de oxígeno.
VÍCTIMA MORTAL
La víctima mortal fue Julio Villanueva López, de 52 años, vecino de Lugo y natural de Samos, que falleció días después en la unidad de quemados del Hospital Universitario de A Coruña a consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas. Era un empleado veterano de la empresa y padre de una niña de cuatro años.
En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que existieron graves deficiencias en materia de prevención laboral. Entre otras cuestiones, sostiene que la empresa no contaba con un procedimiento seguro para el vaciado de los silos ni había evaluado adecuadamente el riesgo de explosión existente en esa zona de trabajo.
También atribuye responsabilidades a los técnicos de prevención, tanto internos como externos, por no identificar correctamente el riesgo asociado a las atmósferas explosivas ni proporcionar formación específica a los trabajadores que realizaban esas tareas.
Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para cada uno de los acusados cuatro años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con homicidio imprudente y lesiones graves imprudentes.
En el apartado de responsabilidad civil, el ministerio público reclama a la aseguradora de la empresa el pago de más de 1,1 millones de euros en indemnizaciones para las víctimas y sus familias.