La valedora do Pobo ve necesaria una ley estatal que proteja a los mayores tras lo sucedido en las residencias

Publicado: viernes, 11 septiembre 2020 18:26

   La institución inició de oficio 33 investigaciones durante el estado de alarma relacionadas con el coronavirus

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, considera que lo sucedido en las residencias de la tercera edad durante la pandemia hace necesaria la creación de una ley estatal que proteja a los mayores y regule sus derechos.

   "Como sociedad deberíamos contar con una ley estatal que regule los derechos de las personas mayores", ha señalado, a preguntas de los medios este viernes, la titular del Alto Comisionado del Parlamento de Galicia en la presentación de la memoria de 2019, que incluye una investigación realizada sobre el uso de amarres en la residencia DomusVi Barreiro de Vigo.

   De este modo, ante lo acontecido en estos centros durante la pandemia, cree que las instituciones deben tener "buenos pilares" para atender a los mayores que, a su juicio, han contar con una ley estatal de carácter orgánico para velar por sus derechos.

   La pandemia de covid, según ha confesado, frenó la pretensión del Valedor do Pobo de realizar inspecciones en los centros de mayores y menores de edad.

   En ese marco se encuadró el expediente abierto a la residencia DomusVi Barreiro de Vigo, que derivó en una investigación sobre el uso de sujeciones a los usuarios. El informe se cerró con la conclusión de que siempre se usaron bajo prescripción médica y con el conocimiento de la familia.

33 INVESTIGACIONES ABIERTAS

   Además, Fernández Galiño ha apuntado que en los meses en los que España y Galicia estuvieron en estado de alarma por la crisis del covid, el Valedor do Pobo inició 33 investigaciones de oficio por las tres abiertas durante el mismo período del pasado año, en el que el Alto Comisionado de la Cámara gallega abrió un total de 67 expedientes de oficio.

   De hecho, la primera intención de la institución que dirige Fernández Galiño era realizar un informe sobre las quejas ciudadanas realizadas con asuntos relacionados con la pandemia y cerrarlo al término del estado de alarma, un objetivo que decidieron finalmente desechar al continuar entrando expedientes sobre las residencias, la vuelta a clase o la atención telefónica en "determinados" servicios sanitarios.

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