El PSdeG critica que las inspecciones se realicen "estupendamente" excepto "en aquellos casos que afectan al PP"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
La directora xeral de Emprego e Formación, Ana María Díaz, ha asegurado que los controles que se realizan en los cursos de formación que reciben fondos públicos "superan" lo exigido por la propia ley de subvenciones.
"No hay nadie más interesado que la propia Xunta en que se esclarezcan irregularidades en el caso de que las hubiese", ha defendido la directora xeral este viernes durante la Comisión Institucional y tras ser preguntada por la diputada socialista Marisol Soneira por la investigación judicial abierta sobre los cursos de formación de la empresa Prosem Consultoría Estratégica S.L que lograron subvenciones públicas.
En este sentido, ha destacado que la Administración autonómica "está colaborando estrechamente" con el Juzgado de Instrucción de Lalín que, a través de un auto, solicitó a la Xunta información referente a los cursos de formación, tanto para ocupados como para desempleados, así como sobre los controles y auditorias que se llevan a cabo.
Al respecto, ha recordado que el Gobierno gallego lleva "desde 2009 implementando sucesivas y adicionales medidas de control" que "van mucho más allá de lo exigible por la propia ley de subvenciones". Así, ha explicado que, además de auditar, revistar la documentación y las facturas, en el caso de los cursos para desempleados, se realizan controles adicionales, como visitas 'in situ' por funcionarios.
Asimismo, tras destacar las medidas de control existentes para los cursos de teleformación, como la implantación de la huella digital para controlar a los asistentes, Ana María Díaz ha explicado las medidas de control que se llevan a cabo en los cursos para trabajadores ocupados.
De este modo, ha señalado que, en el caso de los cursos de formación de trabajadores ocupados, la Xunta envía auditorias que "siguen una muestra aleatoria que está en torno al 40%". "Eso no quiere decir que no pueda existir fraude, puede existirlo, pero la Administración de la Xunta, en la medida de sus posibilidades, trata de evitarlo", ha apuntado.
CONTROLES EN LA EMPRESA
"Da la impresión que los controles se hacen todos estupendamente excepto en aquellos casos que afectan al Partido Popular", ha censurado Marisol Soneira antes de cuestionar la relación formación popular con la empresa investigada en la que, según ha indicado, ejercieron labores tanto "un edil del PP de A Estrada" como "la directora xeral de Xuventude e Voluntariado".
A ello, la directora xeral ha replicado que esta empresa también fue objeto de una auditoria "independiente" que "hizo su trabajo", una labor en la que "no se ponía en duda que se hubieran hecho estos cursos".
Por ello, ha asegurado no entender que "los controles fallasen". "Se realizan auditorias con una muestra aleatoria del 40%, creo que es lo suficientemente amplia para que si se hubiesen producido irregularidades se hubiesen detectado", ha insistido.
Además, Ana María Díaz ha reiterado que la Xunta "colabora" en "todo momento" con la Administración de Justicia. "Me gustaría dejar a la Administración de Justicia que haga su trabajo y, cuando tengamos, hechos acreditados, pruebas contundentes, ahí hablar", ha zanjado.
