La Xunta espera que dos de las plazas de jueces de violencia machista en Galicia no impliquen reducir las de instrucción

   El Gobierno gallego reclama que todas las nuevas dotaciones y funcionalidades vengan acompañadas de fondos

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Xunta espera que dos de las cuatro plazas de jueces especializados en violencia sobre la mujer que se crearán a finales de año en Galicia "no sea a costa de la transformación" de dos jueces de instrucción en A Coruña y Vigo.

   Y es que así lo recogía el anteproyecto del decreto que, precisamente este martes, ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros. De figurar así mismo en la versión final, el Gobierno gallego alerta de que la reducción de las secciones de instrucción "supondría un incremento en los asuntos" de este orden, que ya está "al límite de su capacidad", especialmente en Vigo, además de "un retraso en la tramitación de las diligencias penitenciarias".

   En lo que se refiere a las otras dos plazas previstas de nueva creación, serían para Santiago de Compostela y Ourense. La Xunta recuerda que "lleva ya dos años reclamando", junto con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a través de la Comisión Mixta de Xustiza, un juzgado específico en Santiago y, de forma progresiva, en el resto de las ciudades.

   Asimismo, el Gobierno autonómico lamenta que la reforma de plazas judiciales aprobada "venga, una vez más, sin asignación presupuestaria para las comunidades autónomas con competencias transferidas en justicia, que son las que tienen que ejecutar estas medidas".

   Según la Xunta, las funcionalidades que supondrá la aplicación de la nueva ley "tendrán un impacto económico tanto en la reorganización del personal como en las infraestructuras".

   Finalmente, en cuanto a la creación de plazas de fiscales, a falta de su concreción, el Gobierno gallego cuenta con que sean, como mínimo, dos: en Santiago y en Ourense. En esta línea, insiste en que vayan también acompañadas de recursos presupuestarios.

   Pese a los reproches, la Xunta confirma que "siempre acepta y pone en funcionamiento las unidades concedidas".