Plantea, al igual que la Fegamp, una tabla salarial con equivalencias entre los sueldos de la esfera local y la función pública autonómica
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Xunta pretende que el Ejecutivo central modifique su propuesta de reforma local, de forma que se incluyan opciones "alternativas" a la asunción directa, por parte de las diputaciones, de los servicios prestados por los municipios de menos de 20.000 habitantes que reciban "una evaluación negativa". En concreto, apuesta por mecanismos de cooperación intermunicipal y por priorizar las fusiones.
Entre las 34 alegaciones remitidas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno de Feijóo pide que, tras la evaluación negativa de uno o varios servicios, se dé "un plazo de seis meses" al municipio para iniciar "de forma voluntaria" un procedimiento de fusión con ayuntamientos colindantes o para ejecutar una fórmula de prestación puntual compartida de dichos servicios.
En caso de no recurrir a tales mecanismos en el plazo fijado, el Ejecutivo autonómico avala que se proceda a la retirada de la competencia "durante cinco años" y a su asunción por la diputación correspondiente. Asimismo, la Xunta demanda que se tengan en cuenta las "especificidades territoriales" para determinar el coste estándar aplicable a cada servicio.
Conforme este principio, tras incidir en que Galicia cuenta con cerca de 30.000 entidades de población --más de la mitad del total de existentes en España--, se propone que la cantidad se calcule atendiendo a criterios como la dispersión poblacional, el envejecimiento o la orografía, que inciden "de forma capital" en la prestación y financiación de los servicios.
Del mismo modo, en busca de no comprometer la "autonomía local", el Gobierno autonómico considera necesario que la ley contemple "un principio esencial de reserva", que defina un núcleo de servicios mínimos obligatorios, cuya prestación recaiga de forma "exclusiva e intransferible" en los municipios. Existiría así un "mínimo competencial indisponible", salvo que el municipio "libre y legítimamente" decida transferirlo a otros niveles administrativos superiores.
"APOYARSE" EN LAS COMUNIDADES
Además, y para el caso de aquellos servicios municipales mínimos para los que se decrete una evaluación negativa, apunta que "no debiera descartarse" la posibilidad de que los ayuntamientos se apoyen en las comunidades autónomas para su prestación, "abandonando la postura exclusivista" a favor de las diputaciones "que se deriva del anteproyecto".
En concreto, se considera que algunos servicios podrían ser gestionados de forma "más eficiente" a través de fórmulas colaborativas entre los ayuntamientos y la comunidad, ya que ésta dispone de estructuras especializadas para la gestión de determinados servicios y de las que "carecen" las diputaciones. A modo de ejemplo, en el caso gallego, alude a los servicios de aguas o tratamiento de residuos.
NUEVA ESCALA RETRIBUTIVA
El Ejecutivo autonómico "no comparte" la escala retributiva que la reforma aplica a los municipios más pequeños y expresa en sus alegaciones su rechazo específico a la eliminación de la retribución a los miembros de las corporaciones locales en los ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes.
"No parece razonable que quien ostenta el mayor grado de representatividad y responsabilidad municipal no pueda percibir remuneración alguna, en claro desequilibrio con el personal funcionario que esté a su cargo", alega la Xunta. También ve "excesivo" el límite máximo fijado para los tres tramos poblacionales más altos, ya que podría darse el caso de que un alcalde o presidente de una diputación tuviese "una retribución más elevada" que la del presidente de su comunidad.
Partidario de "dignificar la labor" de los responsables públicos, el Gobierno de Feijóo plantea un nuevo patrón retributivo que fije una equivalencia entre la estructura salarial en la esfera local y la función pública de cada una de las autonomías.
En cuanto a los baremos, en los ayuntamientos de hasta 2.000 habitantes, el salario del alcalde se equipararía al de un jefe de sección de la Xunta; de 2.001 a 5.000 habitantes, al de un jefe de servicio; de 5.001 a 20.000 habitantes, al de un subdirector xeral; de 20.001 a 50.000 habitantes, al de un director/secretario xeral de la Xunta; y de más de 50.000 habitantes, al de un conselleiro.
DEDICACIONES EXCLUSIVAS Y PERSONAL EVENTUAL
En cuanto a los límites que la reforma propone para las dedicaciones exclusivas y de personal eventual al servicio de entidades locales, la Xunta considera que el criterio "más acertado" no debe ser "limitar el número máximo de efectivos", sino el de imponer "topes máximos" al gasto imputable por ambos conceptos, en función del tramo poblacional al que pertenezca el municipio.
Así, se propone aplicar un porcentaje máximo del gasto sobre el total del capítulo I del presupuesto municipal, un modelo que permitiría garantizar una mayor autonomía local, "ampliando el margen" para que cada corporación "libremente decida" qué cuantía dedicar a estos conceptos, "sin rebasar nunca" el nivel máximo establecido.
FINANCIACIÓN Y COMPETENCIAS IMPROPIAS
Asimismo, en lo relativo a la prestación de competencias impropias --en concreto, en materia de sanidad, educación y servicios sociales--, la Xunta es "imprescindible" fijar en el anteproyecto de ley "cláusulas" que permitan asegurar los debidos recursos de financiación.
En concreto, se demanda la garantía de una financiación equivalente al coste que los municipios dejarían de asumir, con la correspondiente disminución en las transferencias que hasta el momento recibiesen los mismos.
"IMPRESCINDIBLE CONCIERTO PREVIO"
Más allá de sus alegaciones, mediante un comunicado, la Xunta ha destacado que comparte los objetivos encaminados a definir "con precisión" las fronteras competenciales, racionalizar y reducir el gasto interno de la estructura local, avanzar en la gestión de resultados y "mejorar" la calidad y cobertura de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.
Asimismo, ve "imprescindible" alcanzar un "concierto previo" alrededor de la Administración local. Un "consenso", defiende, que incluya a todas las administraciones implicadas, así como a los agentes sociales y económicos, y a la sociedad en su conjunto con el fin de "asegurar el éxito" de una reforma "unánime" y "largamente demandada" y que, precisamente por ello, debe aspirar a su "eficacia y perdurabilidad en el tiempo".
