Pesca.- La Abogacía Española pide que se indemnice a la tripulación del 'Francisco y Catalina'

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) expresó hoy su "satisfacción" por la resolución del conflicto del pesquero español 'Francisco y Catalina' inmovilizado desde el viernes pasado frente a las costas maltesas tras rescatar a 51 inmigrantes en el mar y pidió que se indemnice a su tripulación por los costes asumidos en esta "actuación humanitaria".

Asimismo, felicitó al Gobierno español "por la solución humanitaria aportada por España" y puso "a disposición de las administraciones europeas, españolas y maltesas los servicios y medios técnico-jurídicos necesarios que hagan posible una eficaz y adecuada asistencia a todas las personas y partes implicadas".

El CGAE expresó su "apoyo a los patrones y tripulantes del buque (cinco de ellos gallegos) a los que debe facilitarse la oportuna indemnización por los costes asumidos" y destacó que "el buque español ha hecho lo que tenía que hacer, cumplir con su deber de prestar auxilio". Según los abogados españoles, "no hacerlo así sería dejar sin el debido reconocimiento su humanitaria actuación, y además promover cómplicemente futuros abandonos a su suerte de personas en similares condiciones".

Por otra parte, la subcomisión considera que desde el punto de vista del Derecho Internacional "resulta evidente la responsabilidad de Malta, que debió admitir desde el primer momento el desembarco de las personas rescatadas".

"Las autoridades de Malta, país miembro de la Unión Europea, deben dar un cumplimiento escrupuloso a la vigente normativa internacional humanitaria sobre salvamento y rescate de náufragos y por tanto proceder a acoger a estas 51 personas, a las que, una vez en tierra y con la debida asistencia técnico-jurídica, se les podrá aplicar la legislación migratoria que corresponda", añade el comunicado.

En este sentido, el CGAE considera que "si Malta se desentiende de la resolución de la crisis y por tanto incumple sus obligaciones internacionales se deberían promover las correspondientes demandas de condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante la Comisión Europea por trato inhumano", puesto que aunque el país "no está obligado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos a admitir en su territorio a esas personas", "sí está obligada a respetar los derechos de las mismas".