Cree que representa "un paso más en el desmantelamiento progresivo" de los servicios que ofrece el Instituto Social de la Marina
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Galega de Mariscadoras e Mariscadores (Agamar) critica que, en el plazo "de diez días", los armadores artesanales de Galicia tengan que incorporarse al sistema de remisión electrónica de datos, para hacer efectivo el abono de las cuotas de la Seguridad Social --en el régimen especial de trabajadores del mar-- de aquellas personas que tengan contratadas por cuenta ajena.
Una medida impuesta por el Gobierno central que Agamar advierte que "supone un claro perjuicio para la flota gallega, que tendrá que adaptarse a un sistema informático nuevo en un tiempo récord".
Esta norma fue publicada en una orden firmada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 9 de febrero. Fija como fecha límite para esta incorporación el 1 de marzo de 2012, explica el sindicato.
A su juicio, representa "un paso más en el desmantelamiento progresivo, por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de los servicios que el Instituto Social de la Marina venía facilitando a los pequeños armadores".
"Hasta ahora, eran las direcciones provinciales y comarcales del instituto las que venían realizando estas funciones, remitiendo los boletines mensuales de cotización de los armadores del grupo III por el sistema directo", apunta en un comunicado de prensa.
Este mecanismo ha funcionado, según la asociación, "perfectamente" y ha posibilitado "que la mayor parte de la flota artesanal de Galicia disfrutase de este servicio básico y elemental".
MEDIDAS ESPECIALES DESDE 1970
La central censura que el ministerio "pretenda que las mismas personas que trabajan en la extracción de pescados y mariscos tengan que dotarse de instrumentos informáticos y conocimientos específicos para manejar estos nuevos programas, con todos los contratiempos que esto conllevará".
Por ello, censura unas políticas "que perjudicarán a los millares de personas que se benefician de las garantías y medidas de protección especiales reconocidas desde 1970".
