SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
La armadora Transpesca, propietaria de los tres buques apresados por Noruega, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el Gobierno español estudie abrir un expediente a arrastreros gallegos, ya que supondría que España asume el caso y, consecuentemente, la liberación de los barcos.
Si el Gobierno central reclama a Noruega las actas de inspección para ser tramitadas por el Estado español, Transpesca entiende que se cerraría el caso en el país escandinavo con la consecuente liberación de los barcos y el retorno de los mismos a España, junto con las tripulaciones y la carga.
La casa armadora dedujo que "de ningún modo" podría haber dos causas abiertas en ambos países ya que sería de "dudosa legalidad" y recordó que no podría defenderse ya que todos los documentos de los barcos obran en poder de las autoridades noruegas.
Por otra parte, la empresa aclaró que "en ningún caso" puede existir pesca ilegal como afirma el Ministerio de Agricultura y Pesca (MAPA), ya que los barcos están en posesión tanto de licencias y cuotas de pesca así como de un Permiso Temporal de Pesca (PTP) que cada año proporciona la Dirección General de Recursos Marinos del mencionado Ministerio, y que es necesario para poder acudir al caladero.
En cuanto a un exceso de pesca sobre la cuota asignada, Transpesca reiteró su postura de que con los datos policiales de la descarga en la mano estaría dentro de los baremos legales de la cuota otorgada. Por ello, la empresa invitó al Ministerio de Pesca a contrastar datos.
Transpesca relató que el mismo día que la armadora tuvo conocimiento de los datos de las descargas reales efectuadas por la Policía noruega, el pasado 25 de julio, en la vista oral celebrada en Tromsoe, los hizo públicos a través de un comunicado de prensa y jamás negó ni su existencia ni su contenido.
Lo que Transpesca sigue manteniendo es que estas diferencias constituyen, "en todo caso", una falta administrativa. Por ello, denunció las "desproporcionadas sanciones" propuestas por las autoridades noruegas, "hasta cien veces mayores que otras multas impuestas en casos similares ocurridos en este mismo caladero".
Ante la respuesta del Gobierno por la solicitud de un aval, Transpesca reconoció que "se sorprende" de que aluda en su negativa a infracciones cometidas contra la normativa pesquera de un tercer país "cuando todos los apresamientos fueron realizados en aguas internacionales".
Así, precisó que es ésta, precisamente, la base del conflicto entre Noruega y España sobre la jurisdicción que debe aplicarse sobre los buques españoles en las citadas aguas. "No se entiende sino --recordó Transpesca-- la intervención de los ministerios de Asuntos Exteriores y Pesca y las protestas del Gobierno español por el apresamiento".
De este modo, Transpesca indicó que es precisamente la postura del Estado español, la base de la solicitud de un aval por parte del Gobierno que facilite que se pueda depositar la fianza y hacer realidad el retorno de los buques, carga y tripulaciones a España
Finalmente, la casa armadora precisó que, si bien es consciente de que presumiblemente haya múltiples contactos a nivel diplomático entre España y Noruega para evaluar los términos de la futura relación pesquera entre ambos países, "estas soluciones sólo serían para el futuro".
Por ello, reclamó acciones y soluciones "inmediatas" para el actual problema de la empresa ya que su paciencia en estos momentos tiene un "coste estimado de 3.000 euros diarios y pone en peligro el futuro laboral de 112 trabajadores".
