Pide al Gobierno español que aproveche la Presidencia de la UE para solicitar a la CE que deje sin efecto el reglamento aprobado
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La directora xeral de Saúde Pública e Planificación de la Consellería de Sanidade, Sagrario Pérez Castellano, sugirió hoy que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) solicite un informe a la Abogacía del Estadio sobre la legalidad de aprobar un sistema "aún no validado" como método de referencia para el control oficial de las biotoxinas en los moluscos bivalvos, "cuando la normativa vigente de la Unión Europea exige que se apliquen técnicas acreditadas".
Pérez Castellanos solicitó, además, en la reunión de hoy del Consejo de Dirección de la Aesan que el Gobierno español aproveche la Presidencia española para solicitar a la Comisión Europa que deje sin efecto el reglamento aprobado en el mes de diciembre, y en el que se propone el cambio de método analítico para determinadas biotoxinas marinas en los moluscos bivalvos, pasando del bioensayo actual a otro tipo de instrumental "aún sin validar".
La representante de la Xunta reiteró que los datos que maneja el Gobierno gallego "arrojan muchas dudas" sobre el nivel de seguridad alimentaria que proporciona este nuevo método, que, insistió, "aún no fue aceptado por la Organización Mundial de Comercio (OMC)".
Según las informaciones y contactos que mantuvieron los responsables de la Xunta de Galicia, "es poco probable" que el método sea finalmente aceptado por la OMC, lo que, "situaría a los productores europeos de moluscos en una enorme ventaja competitiva, sin que, por la contra, se ganara en seguridad".
"Si el método no se adopta internacionalmente, a los productos europeos se les continuaría aplicando el bioensayo, mucho más sensible, para la exportación; y, sin embargo, este método no sería de aplicación, salvo desacuerdos, a las importaciones", comentó.
ALERTAS
Por otra parte, la directora xeral trasladó el "descontento" por las redes de alerta procedentes de Italia en las que se veían implicados "sin razón", productos gallegos y solicitó que se trasladara a la Comisión Europea la necesidad de "vigilar" estos comportamientos.
Al respecto, señaló que estos hechos perjudican "enormemente" al sector de productos de la pesca y acuicultura gallegos, "utilizando criterios de seguridad alimentaria para disfrazar otras intenciones".
