Hasta 2.600 familias mallorquinas se han beneficiado de la renovación automática del bono social con Endesa

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.602 familias de Mallorca, clientes de Endesa, se han beneficiado de la renovación automática del bono social que entró en vigor en abril, de un total de 6.241 beneficiarios en la isla.

En todo Baleares, Endesa contabiliza 14.594 clientes adheridos al bono social, de los que 5.396 son beneficiarios de la renovación automática.

Endesa atribuye buena parte de los datos de renovaciones automáticas a que todos los beneficiarios de este descuento --salvo las familias numerosas, que están sujetas a la vigencia de su carnet-- no tengan que tramitar ahora una solicitud de renovación cada dos años para verificar que siguen cumpliendo los criterios definidos por el Gobierno. La empresa realiza directamente la comprobación con el Ministerio de Transición Ecológica para saber si el hogar en cuestión puede seguir percibiendo el descuento en la factura.

Aquellos que disfrutaban de la ayuda antes de la entrada en vigor de la nueva normativa tendrán una prórroga automática de dos años después de finalizar el período de percepción. Dos meses antes del vencimiento siguiente, Endesa les avisará para que puedan presentar la solicitud según los nuevos requisitos. A partir de ese momento las renovaciones también pasarán a ser automáticas cada dos años, siempre que se cumplan las condiciones.

CASI 7.000 FAMILIAS VULNERABLES SEVERAS

De los casi 14.600 beneficiarios del bono social, 7.689 son familias vulnerables con una rebaja del 65% en la factura, mientras que 6.905 están calificadas como vulnerables severas y tienen una reducción del 80%. Estos porcentajes aumentaron con el Real Decreto 18/2022.

Cerca del 49,5% de estas familias son personas en situación de vulnerabilidad según criterios de renta; el 43,87% son familias numerosas; un 5,26%, pensionistas; un 1,27%, colectivos especialmente afectados por la crisis del COVID; y un 0,1%, beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV).

Endesa prevé que el colectivo de beneficiarios del bono social siga creciendo en los próximos meses con la nueva categoría que el Gobierno impulsó a finales del pasado mes: el bono social de justicia energética, dirigido a hogares con bajos ingresos particularmente afectados por la crisis energética.

Esta nueva categoría supone la aplicación de un descuento del 40% sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.

Se podrán acoger a esta ayuda para su vivienda habitual las personas que tengan una renta igual o inferior a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas y superior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas. Así, en 2022 podrán acogerse al nuevo bono de justicia energética un adulto con renta inferior a 16.213 euros anuales o una familia de cuatro miembros con renta inferior a 26.751 euros anuales.

CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO EN CASO DE IMPAGO

Endesa ha recordado que la normativa protege a las familias vulnerables que, incluso acogidas al bono social, no puedan pagar la factura. No se puede interrumpir el suministro a una vivienda en la que haya al menos un menor de 16 años en la unidad familiar; en la que haya un miembro con una discapacidad superior al 33 por ciento; o con un grado de dependencia II o III.

En estos casos, los clientes deben dirigirse a los servicios sociales para que acrediten la situación, y presentar el documento a la comercializadora.

Los clientes vulnerables en riesgo de exclusión social --personas con la consideración de vulnerables en grado severo que sean atendidos por los servicios sociales-- no tendrán que hacerse cargo de una factura siempre que los servicios sociales acrediten el pago de, al menos, el 50 por ciento de la misma a la comercializadora de referencia dentro de los cinco meses posteriores a la emisión de la factura. La comercializadora asumirá el 50 por ciento restante del importe.

Por último, una normativa reciente ha establecido el suministro mínimo vital, una medida destinada a los beneficiarios del bono social que incurran en impago, de manera que tendrán un plazo adicional de seis meses para pagar la factura.

Durante estos seis meses no se les podrá interrumpir el suministro, pero verán limitada la potencia a 3,5 kilovatios como máximo. La medida no requiere solicitud expresa, sino que el consumidor recibirá de la comercializadora una notificación informando de la fecha a partir de la cual se le aplicará el suministro mínimo vital.