Absuelven a cuatro exconsellers insulares de Gent x Formentera en el 'caso Ca ses Castellones'

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Palma ha absuelto de los delitos de desobediencia, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos a los exconsellers insulares de Gent per Formentera Jaume Ferrer, Sonia Cardona, Bartomeu Escandell y Josep Mayans, encausados en el 'caso Ca ses Castellones'.

Esta causa se inició en 2013 por parte del empresario Leo Stober, su mercantil Sunway SL y el Ministerio Fiscal, que acusaban de esta serie de delitos a los cuatro representantes públicos, a los que pedía penas de prisión e inhabilitación por sus actuaciones relativas al complejo comercial edificado sobre la antigua Ca ses Castellones y por la urbanización de los viales de Sant Ferran y Es Pujols.

Los hechos se remontan a 2005, cuando el por aquel entonces Ayuntamiento de Formentera --actual Consell de Formentera que empezó a funcionar en 2008-- concedió una licencia de obra para la construcción de una serie de locales en Sant Ferran, por lo que para ello se tenía que demoler la casa payesa de Ca ses Castellones.

Esta licencia fue impugnada al TSJIB, que la declaró nula en 2009, lo que obligaba a la reposición de la realidad urbanística anterior y, por lo tanto, los locales se debían demoler.

Para evitarlo, en 2010 los acusados revisaron las normas subsidiarias de planeamiento del municipio de Formentera y redelimitaron la zona de este edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC), para excluir de la misma la zona donde se habían construido los locales anteriormente mencionados.

Tras la aprobación de esta nueva normativa urbana, el nuevo Consell de Formentera presentó dos alegaciones para inejecución de la sentencia del TSJIB por causa legal, aunque fueron desestimadas en ambas ocasiones.

De este modo, la sentencia hubo de cumplirse y finalmente se demolieron los locales, por lo que no ha quedado acreditado que los consellers insulares se negaran abiertamente a dar el debido cumplimiento a la sentencia.

Por otro lado, en 2009 se suscribió entre el Consell de Formentera y el Ministerio de Fomento un convenio para la cesión anticipada de los terrenos por parte de una serie de propietarios, para construir dos rondas con sus correspondientes accesos en Es Pujols y Sant Ferràn.

La ejecución y la financiación de dicha obra fue revisada y controlada por varios funcionarios de Hacienda y Dirección General de Carreteras, que dieron el visto bueno en todo momento.

Por este motivo, no ha quedado acreditado que los consellers aprobaran ninguna normativa a sabiendas de su injusticia ni destinaran fondos públicos a la construcción de las rondas y la urbanización de la zona colindante, para beneficiar a familiares o amigos.

Por otra parte, el tribunal también ha condenado a Stober al pago de más del 83 por ciento de las costas del procedimiento judicial, aunque contra este fallo todavía cabe la posibilidad de recurrirlo durante los próximos diez días.

En cuanto a la condena a costas a la acusación, le recriminan que actuara con "temeridad" porque "no ha presentado una mínima prueba que permitiera considerar las acusaciones vertidas".

Es decir, que la acusación habría imputado simplemente tres delitos a cuatro personas pero sin especificar, individualizar, ni concretar las conductas punibles, ni el supuesto dolo empleado, ni los presuntos beneficios que han obtenido los acusados por esas conductas, "sin olvidar lo desmesurado y el excesivo arsenal punitivo que ha depositado en su escrito de acusación".

La sentencia recoge en su informe final que la Fiscalía reconoce que sí que se había hecho efectiva la demolición de Ca ses Castellones sí se había hecho efectiva, ya que desde la firmeza de la resolución --en octubre de 2009-- hasta que se iniciaron las obras de demolición, transcurrieron tres años pero "no fueron de pasividad".

Además, el tribunal dictamina que el Consell, asesorado por su equipo jurídico, interpuso los ya mencionados incidentes de inejecución y recursos ordinarios que la ley le permitía para "intentar salvar la obra ejecutada e intentar evitar, dentro de la legalidad permitida, la demolición", por lo que "se agotaron las vías legales que se permitían y, posteriormente y sin demora, ordenaron la demolición".

Asimismo, se indica que no hubo intención de "no cumplir el mandato", puesto que la resolución quedó cumplida en "apenas unos meses después desde que quedó firmada".

Sobre la prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos se especifica que, en la urbanización de Sant Ferran y Es Pujols "no se ha alegado, ni justificado, ni concretado por parte de la acusación ningún gasto realizado con dinero público de Formentera, aunque proviniera de Madrid, que pudiera ser atribuido a una conducta malversadora".

Al mismo tiempo, han ahondado que dado que existe una "clara falta de concreción" en la acusación formulada, junto con una "falta de elementos probatorios", por lo que se ha optado por la absolución.

En esta causa fueron citados como testigos de la acusación, además de los técnicos del Consell y peritos, el expresidente del PP de Formentera José Manuel Alcaraz y el actual vicepresidente segundo y conseller insular de Economía, Territorio e Infraestructuras Javier Serra.

Desde Gent per Formentera han recalcado que en las preguntas formuladas por la acusación sobre sus declaraciones y notas de prensa demuestran el "espaldarazo tácito" que sentía Stober del PP y Grupo Independiente de Formentera (GUIF) --formación a la que pertenece Serra--.

Por otra parte, han alegado que este procedimiento judicial fue una "herencia recibida del tripartito de derechas" de PP, GUIF y el Partit Renovador d'Eivissa i Formentera (PREF), que tiene el origen en una "licencia controvertida" otorgada el 2005 por el exalcalde del PP, Juan Manuel Costa, poco antes de una moción de censura y que demuestra que, posteriormente, GxF ha hecho una gestión política "responsable y ajustada a derecho".