AMPL.- El juez decano de Palma "comprendería" que los jueces convocasen una huelga el próximo 18 de febrero

Critica la "excesiva" carga de trabajo que soportan los magistrados y considera que el Ministerio debería doblar el número de jueces

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez decano electo del partido judicial de Palma, Francisco Martínez, aseguró hoy que "comprendería" que la Junta de Jueces de la capital balear acordase el próximo miércoles, 21 de enero, celebrar una jornada de huelga el 18 de febrero, ya que están soportando una carga "excesiva" de trabajo, si bien confió en que "no se den las condiciones para que se produzca esta convocatoria", lo que significaría que tienen "expectativas justificadas con hechos" de que el Ministerio mejorará sus condiciones.

En una rueda de prensa, Martínez recordó que las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional de la Magistratura han convocado para el próximo 18 de febrero un acto reivindicativo y de protesta en todas las sedes judiciales de España que, en el caso de Palma, no descartó que se convierta en una jornada de huelga si así lo deciden los más de 50 magistrados que participarán en la citada Junta.

El juez decano electo insistió en que pese a que no lo desearía, comprendería que se celebrase una huelga en el partido judicial de Palma, debido a que, según criticó, el Ministerio de Justicia lleva "mucho meses" sin una "postura clara" respecto a las reivindicaciones de los jueces y, en este sentido, remarcó que lo único que denuncian los magistrados es que sus cargas de trabajo "no son adecuadas para prestar un servicio de calidad a la ciudadanía".

Así, consideró que el Ministerio dirigido por Mariano Fernández Bermejo debería doblar el número de jueces en España, teniendo en cuenta que en la actualidad, hay 10 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea "dobla este ratio". Respecto a las necesidades concretas de la capital balear, admitió que a día de hoy, aún no se ha elaborado la Memoria de Actividades de 2008, que revelará los medios humanos y técnicos que se requieren en los Juzgados de Palma.

Por otra parte, subrayó que los jueces tienen el mismo derecho a la huelga que cualquier otro trabajador, dado que la Constitución Española no se lo prohíbe, a diferencia de lo que sucede con los militares, mientras que, por otro lado, recordó que en otros países europeos, como Francia, Italia y Portugal, se han celebrado huelga de magistrados.

"NO NOS MUEVE UN INTERÉS CORPORATIVISTA"

Martínez remarcó que a los jueces "no les mueve un interés incendiario, ni corporativista" en la huelga convocada para el 26 de junio por las cuatro principales asociaciones de jueces en España y, en esta línea, dijo que el caso Tirado no es el motivo de la huelga, aunque admitió que puede ser su "detonante y revulsivo".

De esta forma, aseveró que este caso ya se ha resuelto con una multa de 1.500 euros al juez Tirado y, sin embargo, el movimiento judicial "no se ha callado, porque la falta de medios de los jueces continúa patente".

"Si hay alguien que tiene interés en que no se llegue a la huelga son los jueces, porque son los que están consiguiendo que la Administración de Justicia no se derrumbe", sentenció, al tiempo que anunció que mañana se reunirán en Palma, a partir de las 13.00 horas, los 23 jueces de Primera Instancia y los 2 de Mercantil, con el fin de determinar las cargas de trabajo que están dispuestos a soportar en una jornada laboral y si van a continuar asumiendo más trabajo del que les corresponde.

En caso de que decidiesen realizar únicamente el trabajo que les corresponde, en función del módulo establecido para una jornada laboral, Martínez advirtió de que se producirán "retrasos importantes" en la Justicia Civil y Mercantil de Palma, lo que revelará la necesidad de que se produzca un "incremento sustancial en el número de jueces".

Preguntado por los servicios mínimos que se deberían establecer en caso de que se convoque una huelga en Baleares, que afectaría a 120 jueces, recordó que deberán ser fijados por el Consejo General del Poder Judicial, si bien consideró que se deberían garantizar los servicios de guardia para el caso en el que se tuviera que hacer un levantamiento de cadáver, así como todas las decisiones sobre la situación de prisión o libertad de una persona y las causas relacionadas con presos.

"NO SE PRETENDE UNA HUELGA SALVAJE"

"No se pretende ni muchísimo menos una huelga salvaje y ni siquiera queremos convocarla, sino que sólo se utilizará como último extremo", recalcó Martínez, coincidiendo así con las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Antoni Terrassa, quien ayer consideró la huelga como el "último recurso", aunque insistió en que la Justicia de las islas no cuenta con medios "adecuados".

Finalmente, el juez decano electo explicó que en la Junta de Jueces y Magistrados del próximo 21 de enero, se votará la tabla común de reivindicaciones elaborada por las citadas cuatro asociaciones, entre las que destacan la exigencia al CGPJ para que establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial.

Asimismo, los jueces reclaman una revisión en profundidad de la actual planta judicial, dirigida a la creación y/o supresión de cuantos órganos judiciales fueren precisos para llevar a cabo una distribución equitativa del trabajo.

Otras de las reclamaciones de los jueces son la plena incorporación a los Juzgados de las nuevas tecnologías; arbitrar un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales mediante jueces titulares; y medidas necesarias para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar suprimiendo el traslado forzoso por ascenso.

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