Consideran que la puesta en marcha de esta normativa podría "dañar" al sector turístico balear
PALMA DE MALLORCA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler (Aneval) ha considerado que la Proposición No de Ley (PNL) aprobada en el Parlament sobre el pago del impuesto de circulación de los 'rent a car' en Baleares "atenta directamente contra su esencia", ya que su modelo de negocio "se basa precisamente en el concepto de movilidad geográfica o libre circulación entre territorios".
La iniciativa Parlamentaria, aprobada en Comisión de Hacienda y Presupuestos, ha pedido al Estado modificaciones legislativas para asegurar que los coches de alquiler que operan en Baleares tributen por el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) dentro de la Comunidad Autónoma.
Según han criticado desde Aneval, con esta normativa, el Parlament "no tiene en cuenta la operativa del 'rent a car', caracterizada por dotar de movilidad a todo el Estado y no sólo a un territorio", puesto que "un coche que se matricula en Baleares puede terminar prestando servicio en cualquier zona del territorio peninsular con independencia de donde se haya registrado".
La asociación, que se suma así a Feneval en el rechazo a esta proposición, considera que la puesta en marcha de esta normativa podría "dañar" al sector turístico balear, dando lugar a dos escenarios distintos y a "cuál de ellos más perjudicial para la principal fuente de ingresos de las islas".
En este sentido, en un primer supuesto, esta medida podría derivar "en una flota de vehículos cautiva y radicada en un solo territorio", lo que provocaría "problemas de colapso en una comunidad ya de por sí muy saturada".
Y, en otro, esa propuesta podría llevar a las compañías de 'rent a car' a contar "con menos vehículos" en las islas al tener una "demanda itinerante", lo que "conllevaría una falta de oferta en periodos de temporada alta, donde estos servicios están más solicitados".
En materia legal, Aneval ha señalado que el impuesto de circulación es un tributo estatal cuya recaudación está cedida a los municipios, por lo que "las comunidades autónomas no pueden entrar libremente en su regulación".
