¿Qué se ha aprobado en la ley ómnibus? Exenciones al catalán, deducciones fiscales y restricciones en ayudas sociales

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado la ley de aceleración de proyectos estratégicos, convertida en ley ómnibus tras incorporar decenas de enmiendas que modifican más de medio centenar de normas autonómicas.

Lo que en un primer momento fue un decreto centrado en la creación de los Proyectos de Especial Interés Estratégico ha acabado por convertirse en una suerte de cajón de sastre que incluye, entre otras muchas cuestiones, exenciones al requisito del catalán, deducciones fiscales y restricciones en ayudas sociales.

MÉS per Mallorca y Més per Menorca han sido los más críticos con una norma que creen que ha sido sometida a una tramitación poco rigurosa y cuya constitucionalidad testarán con dos recursos judiciales.

El resultado es que el texto aprobado el pleno es cinco veces más extenso que el original, ya que ha pasado de 41 a 218 páginas. Para dar cabida a estas nuevas medidas se ha cambiado incluso el nombre oficial de la ley, que ahora incluye la coletilla "y otras medidas de simplificación y racionalización administrativa".

Con este recorrido, hay una pregunta que, de una manera u otra, también se han hecho algunos diputados: ¿qué se ha aprobado en la ley ómnibus? Estas son algunas de las medidas destacadas que van más allá de lo que ya estaba previsto en el decreto inicial:

EXENCIONES DEL CATALÁN

Algunas de las enmiendas que han generado más polémica son las relativas a flexibilizar el requisito de acreditar el conocimiento de la lengua catalana para poder acceder a determinadas plazas de la administración pública.

Una de ellas exime del conocimiento del catalán a los docentes que ocupen plazas consideradas de muy difícil cobertura, una definición que deberá acordar el Consell de Govern.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha dicho que, pese a que estos docentes se convertirán en funcionarios de carrera, no podrán participar en concursos de traslados hasta que acrediten el requisito lingüístico, aunque esta cuestión no viene recogida en la ley.

Aunque desde la izquierda han interpretado que estas modificaciones suponen romper con la ley de normalización lingüística, el PP ha negado que haya cruzado lo que durante toda la legislatura ha definido como una de sus "líneas rojas".

Otra enmienda permite que los alumnos que estudien en un centro educativo del archipiélago como consecuencia del desplazamiento temporal de su familia queden exentos de la evaluación de la asignatura de lengua catalana. Esta cuestión ya estaba recogida en la ley de normalización y fijaba que la exención era de tres años, una referencia temporal concreta que ahora desaparece.

El decreto que regula la exigencia del catalán en la función pública también se ha visto alterado y ahora incluye una disposición que permite eximir a los funcionarios de la administración autonómica en los casos en los que la prestación de servicios pueda verse alterada por falta de aspirantes.

Afecta solo a puestos de trabajo que no tengan que estar de cara al público como celadores, auxiliares, personal de limpieza o mantenimiento, que deberán acreditar el nivel de catalán en un plazo máximo de tres años.

DEDUCCIONES PARA FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA

Durante buena parte de la tramitación parlamentaria, los 'populares' han puesto el acento en una batería de enmiendas que persiguen el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, el que han definido en varias ocasiones como el principal problema de la ciudadanía.

La ley incorpora la ampliación del umbral del valor de los inmuebles que pueden beneficiarse de las bonificaciones del impuesto de transmisiones patrimoniales, que se eleva hasta los 331.000 euros en Mallorca y Menorca.

También incluye la eliminación o la bonificación del impuesto de actos jurídicos documentados para los jóvenes. Los menores de 30 años pagarán cero euros por los actos notariales, mientras que los menores de 36 verán reducido el impuesto el 0,5%.

Las viviendas de precio limitado podrán beneficiarse de una bonificación del 50% en ambos tributos, mientras que aquellos propietarios que no suban los precios del alquiler por encima del IPC podrán deducirse hasta 800 euros por vivienda y hasta 2.000 por contribuyente.

Además, el plazo para presentar proyectos residenciales estratégicos (PRE), una figura creada por la ley de obtención de suelo para agilizar las promociones y que garantiza un porcentaje de vivienda protegida, se amplia hasta 2027.

Una medida que ha pasado más desapercibida es la que permite a las empresas comprar viviendas de precio tasado, las más baratas de aquellas sometidas a protección pública, para destinarlas al mercado del alquiler.

LAS EXIGENCIAS DE VOX Y LAS APORTACIONES DEL PSIB

La tramitación de la ley ómnibus ha escenificado un nuevo tira y afloja entre el PP y Vox que ha acabado con los de Santiago Abascal incorporando múltiples enmiendas que van en la línea con su discurso político.

Una de las más sonadas ha sido la exigencia de un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida para acceder a la Renta Social Garantizada. No se aplicará a los menores, como tampoco se les restringirá el acceso a la atención temprana a aquellos cuyos padres se encuentren en situación administrativa irregular, una medida que había solicitado Vox pero a la que el PP se opuso.

A los menores sí les afectará otra enmienda que exige haber estado tutelados por la administración durante al menos tres años para acceder a la renta de emancipación.

Hay otras peticiones de los de Santiago Abascal que se han incorporado al texto como son la creación de la Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Ocupación Ilegal, la reserva de plazas de policía local para militares profesionales, la ampliación de las deducciones por maternidad y natalidad en el IRPF, la posibilidad de que los policías municipales usen pistolas táser o la recuperación de las competiciones de tiro al pichón y la codorniz.

El PSIB también ha aportado sus enmiendas tras pactarlas con el PP, aunque son menos. Una establece que de la recaudación de impuestos volverá a encargarse la Agencia Tributaria de Baleares y otra regula el sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) para proteger a los taxistas y a los operadores tradicionales.

CAMBIOS EN ES TRENC Y EN LA POLÍTICA TURÍSTICA

A todo esto se le suma una serie de medidas de lo más dispares, como la posibilidad de que el Consell de Govern, mediante un decreto, modifique la ley que regula el parque natural de Es Trenc.

La disposición final lleva por título la palabra 'Deslegalización', lo que desde MÉS han interpretado como un intento de la presidenta del Govern, Marga Prohens, de contentar a empresarios de su municipio natal, Campos.

En matera turística, se simplifica la declaración de interés turístico y se incrementan las cuantías de las sanciones contra el alquiler turístico ilegal, que sin embargo podrán reducirse en un 80% si se destina la vivienda al programa 'Lloguer Segur'.

Además, se establece que las viviendas adosadas, pareadas o unifamiliares aisladas no estarán sometidas a la prohibición de abrir nuevas plazas de alquiler vacacional y se permite que los consells insulares puedan elevar las plazas de los albergues juveniles.

También se aprueba una moratoria temporal de parques fotovoltaicos en el campo y se determina que los procedimientos de legalización extraordinaria de edificaciones en suelo rústico se considerarán estimados por silencio negativo, y no positivo como marcaba la ley de simplificación administrativa.