La Audiencia confirma la condena a un ginecólogo de Palma por provocar en un parto la parálisis del brazo del bebé

Actualizado: miércoles, 2 diciembre 2009 16:54

PALMA DE MALLORCA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la sentencia dictada contra un médico ginecólogo condenado a pagar 352.980 euros por la mala asistencia prestada en un parto, que provocó la parálisis del brazo izquierdo de la niña que acababa de nacer.

En concreto, la sentencia fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 18 de la capital balear y tramitada por los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente en Baleares, a raíz de la 'mala praxis' durante el parto, practicado en la Policlínica Miramar el 10 de Agosto de 2000. Aunque los hechos ocurrieron en esta infraestructura, el centro carece de responsabilidad en lo ocurrido, según explicó hoy El Defensor del Paciente en un comunicado.

En concreto, la paciente comenzó a presentar contracciones 15 horas antes de que naciera la niña y tenía antecedentes de pelvis estrecha y de un parto anterior con problemas, asistido además por el mismo ginecólogo, y por otro lado el feto tenía un peso superior al normal. También tuvo de polisistolía y, por tanto, existían indicios suficientes para haberle practicado una cesárea.

El médico, no obstante, intentó un parto natural dejando pasar las horas y a pesar de los síntomas anómalos e indicios aludidos. En el último momento y viendo que la niña no salía y se estaba produciendo sufrimiento fetal, el médico tiró de ella con fuerza, provocándole una parálisis de plexo braquial.

El caso en un primer momento fue tramitado por otro abogado en vía penal y se desestimó, entre otros motivos, por tener un parte forense favorable al médico. En el mismo se decía que la cesárea no debe practicarse "sino en muy raras ocasiones" y que ésta no era una de ellas, recuerda la entidad.

Después de desestimarse el caso, los padres de la niña acudieron a El Defensor del Paciente y, a través de sus servicios jurídicos, les facilitó a la letrada Soledad Raso, representante legal de la asociación en Baleares y la que a partir de entonces ha dirigido la defensa del caso hasta su resolución.