El Ayuntamiento de Deià comienza a demoler las casas ilegales de Llucalcari, en cumplimiento de la sentencia del TSJB

PALMA DE MALLORCA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Deià ha comenzado esta mañana a demoler los chalets ilegales de Llucalcari, en cumplimiento de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, recibida el pasado 10 de diciembre, que obliga al Consistorio y al primer edil, Jaume Crespí, a iniciar el derribo por cuenta propia, ya que el Juez da un plazo máximo de tres dias que finaliza este martes para certificar si las obras de derribo se han iniciado, al margen del convenio firmado con el Consell de Mallorca y el Govern.

En un comunicado, el Consistorio de Deià ha informado de que Crespí y los seis operarios de la brigada municipal han procedido a primera hora de la mañana, a realizar las tareas de demolición de los chalets, después de que el pasado 12 de noviembre el Ayuntamiento de Deià firmara un protocolo de colaboración junto al Consell de Mallorca y el Govern para asumir económicamente las obras de demolición.

Sin embargo, el Consistorio ha señalado que debido a que la Conselleria de Obras Públicas "aún no ha realizado los informes de intervención para aportar la cuantía acordada de 145.000 euros, correspondientes a la administración autonómica, y a raíz de la sentencia del TSJB, se ha visto obligado a iniciar este lunes por cuenta propia estos trabajos.

El Ayuntamiento ha destacado que, a día de hoy, tanto esta institución, como el Consell de Mallorca sí que han realizado los trámites necesarios para poder contratar legalmente a la empresa que realizará la demolición (TRACSA), para que ésta proceda a la demolición dando así cumplimiento a la sentencia del TSJB.

Así, ha manifestado que estos trabajos se han iniciado a la espera de que los jurídicos de la Conselleria de Obras Públicas "vengan a bien emitir los informes favorables para que, posteriormente, sean elevados al Consell de Govern para proceder a la firma definitiva y aprobación de las partidas económicas de las tres administraciones".

"Todo ello, conlleva ahora un retraso que posibilita que el alcalde de Deià pueda ser acusado de desobediencia judicial, elevando el juez el caso ante el Tribunal Penal y Fiscalía, obligando a Jaume Crespí a pagar la multa semanal de 600 euros semanales, según se establece en el auto del juez del pasado 27 octubre, el cual se apeló alegando el retraso en la firma de los convenios entre las tres administraciones públicas y la celebración de diversas reuniones con técnicos y jurídicos de las diferentes de éstas", ha señalado.

Precisamente, el pasado 10 de diciembre, el juez instructor de la causa, emitió un auto en el que anunciaba que para resolver, solicitaba si el convenio entre las tres administraciones ha sido firmado y si las tareas de demolición se habían iniciado, dando un tiempo de respuesta de tres días, que finalizan este martes.

Por todo ello, y para cumplir con los requisitos marcados por el juez, y ante la "imposibilidad" de ejecutar el protocolo de actuación firmado por el Ayuntamiento de Deià, el Consell de Mallorca y el Govern, porque este último "aún no ha concluido con los trámites burocráticos necesarios para destinar la partida de 145.000 euros acordada para la demolición, el Consistorio ha iniciado a partir de este lunes las tareas de derribo de los chalets de Llucalcari".

El alcalde y la brigada municipal procederán durante los próximos días a realizar esta tarea, en horario laboral de 08.00 a 15.00 horas "hasta que las tres instituciones puedan firmar definitivamente todos los acuerdos y así entregar definitivamente la gestión de demolición a la Agencia de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca".

Por su parte, el conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, ha indicado que el convenio firmado entre las tres instituciones está pendiente de ser "fiscalizado" por la Conselleria de Economía y Hacienda y, una vez que se realice este trámite, el Consistorio recibirá la citada partida de 146.000 euros. "Estos trámites se tienen que cumplir y el Consistorio de Deià lo sabía", ha concluido.