PALMA DE MALLORCA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La comisión de cuentas, economía y recursos humanos del Ayuntamiento de Palma ha aprobado -con los votos a favor del PP y el rechazo del PSIB y el PSM-IV-ExM- un paquete de medidas de racionalización y reducción del gasto en materia de personal que supondrá un ahorro anual de cuatro millones de euros, según las previsiones del equipo de gobierno.
Estas medidas deberán ser aprobadas todavía por el pleno del consistorio antes de entrar en vigor, si bien previsiblemente será validado atendiendo a la mayoría del Grupo Popular en el pleno.
El paquete de actuaciones incluye modificaciones como la amortización de las plazas de los funcionarios por jubilación o excedencia o las de las vacantes ocupadas por interinos. Asimismo, tampoco se pagarán las horas extra de los funcionarios (a excepción de los trabajadores de la Policía Local y los Bomberos), las cuales se compensarán con horas libres.
Tanto el grupo de la oposición del PSIB como del PSM-IV-ExM se han opuesto a estas medidas y han exigido la elaboración de un plan financiero y de austeridad global del Ayuntamiento que detalle la situación económica del consistorio para conocer las necesidades reales de ahorro.
En este sentido, el concejal socialista José Hila ha afirmado que sin un plan de austeridad concreto se están dando "palos de ciego". Asimismo, ha dudado de que estas medidas puedan suponer una reducción de cuatro millones del gasto en personal, por lo que ha pedido al equipo de gobierno que desglose este supuesto ahorro.
El concejal del PSM-IV-ExM Antoni Verger ha criticado que se pida este nuevo "esfuerzo" a los funcionarios, cuando ya se les recortó un 5 por ciento el sueldo como consecuencia de las medidas impuestas desde el Gobierno central, al tiempo que ha recordado que los trabajadores públicos llevan años perdiendo poder adquisitivo.
El PSIB AFIRMA QUE SE PODRÍA HABER CERRADO EL AÑO CON SUPERÁVIT
Por otra parte, el concejal del PSIB Andreu Alcover ha señalado que hay otras partidas de las que se podría ahorrar y ha apuntado que el consistorio no ha reconocido derechos que le correspondían por valor de unos 49 millones de euros, los cuales habrían permitido, según el socialista, que el Ayuntamiento hubiera cerrado el ejercicio 2011 con superávit.
En este sentido, ha explicado que el departamento de Intervención hizo un informe económico que prevé un déficit de 22 millones de euros para este año. El concejal ha indicado que en este informe no se han incluido tres partidas que habrían aumentado considerablemente el cómputo de ingresos y que no se han hecho efectivas "por decisiones del PP".
Así, las partidas a las que Alcover ha hecho referencia son una de 14 millones de euros de una modificación de crédito para pagar amortizaciones, a la que, según el socialista, el consistorio renunció en septiembre cuando el PP votó en contra de su autorización en sesión plenaria. La segunda de estas partidas es la relativa a los 24,5 millones de euros que el Govern debía de transferir al Ayuntamiento de la Ley de Capitalidad, la cual "el PP ni siquiera la reclama".
La tercera partida que los socialistas aseguran que podría incluirse entre los ingresos municipales es una de unos diez millones de euros derivada del modificado del impuesto de construcción del hospital de Son Espases. Alcover ha precisado que el Govern afirmó que la construcción de esta infraestructura había tenido un sobrecoste de unos 280 millones de euros, un 4 por ciento de los cuales deberían ser destinados al Ayuntamiento y que "se puede contabilizar como ingreso", ha puntualizado.
El impuesto de construcción de obra se liquida al principio de la ejecución del proyecto en base a su presupuesto, por lo que si finalmente tiene un coste superior, la recaudación por este tributo también se incrementa.
Al respecto, el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Julio Martínez, ha señalado que la modificación de crédito por valor de 14 millones que solicitó el PSIB era "ilegal" por la prohibición de endeudamiento impuesta desde el Gobierno central.
Asimismo, ha dicho que hay un acuerdo del mes de octubre de hacer una revisión de la variación del impuesto de construcción de Son Espases, si bien ha remarcado que el anterior equipo de gobierno no lo reclamó. En referencia al dinero procedente de la Ley de Capitalidad ha incidido en que estas partidas se computarían como inversiones y no como ingresos para gasto corriente.
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