Baleares reclama participación en la normativa sobre prevención de riesgos laborales en incendios forestales

PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Baleares, junto a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Valencia, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ha pedido participación y consenso en la elaboración de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en incendios forestales.

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, en un comunicado, ha manifestado su preocupación ante el "incumplimiento" de la ley básica de bomberos forestales en el proceso de elaboración del proyecto de real decreto destinado a establecer las disposiciones mínimas de protección de la seguridad y salud de los bomberos forestales en los operativos de extinción de incendios.

Esta iniciativa normativa deriva de la ley básica de bomberos forestales, cuya disposición final primera encargó al Gobierno de España la aprobación, en el plazo de un año, previo acuerdo con las administraciones competentes y elaborado conjuntamente con ellas, de un reglamento específico en materia de prevención de riesgos laborales para este colectivo, criterios legales que "no se han cumplido".

Las citadas comunidades autónomas han considerado que no se han respetado ni los plazos ni el procedimiento previsto legalmente. Por un lado, el plazo de elaboración ha sido "ampliamente superado"; por otro, el proceso no ha respondido al principio de elaboración conjunta, limitándose el Gobierno de España a dar participación a las comunidades en fases de información pública y reuniones informativas sobre textos previamente definidos.

Asimismo, han señalado que las aportaciones realizadas de forma consensuada por las administraciones autonómicas han sido, en su mayoría, desestimadas.

Desde el punto de vista material, para las regiones críticas con la normativa, el texto actual no incorpora suficientemente el conocimiento operativo de la extinción de incendios forestales, lo que podría provocar "disfunciones relevantes" en la gestión de emergencias.

Es por ello que han requerido al Gobierno que intervengan en el proceso el responsable operativo de extinción de incendios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF).

En este sentido, han alertado, determinadas previsiones podrían comprometer la eficacia en la toma de decisiones durante las intervenciones, generando además inseguridad jurídica para los responsables operativos y de seguridad y salud laboral.

Por todo ello, las comunidades autónomas y ciudades autónomas han exigido al Ejecutivo a retomar el proceso de elaboración del real decreto garantizando, entre otras cuestiones, la participación real y efectiva de los gobiernos autonómicos y ciudades autónomas.

También la creación de grupos de trabajo mixtos, la integración del conocimiento técnico-operativo y preventivo y el cumplimiento de las previsiones legales con un texto acordado previamente y elaborado de forma conjunta.