Baleares refuerza el frente autonómico para exigir coordinación, recursos y voz propia en la reforma estatal de Costas. - CAIB
PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha participado este jueves en Madrid en una nueva reunión de directores generales y responsables autonómicos en materia de costas para coordinar una posición común ante la falta de convocatoria por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y ante el inicio del procedimiento estatal para modificar el Reglamento de Costas.
Por parte de Baleares ha asistido la directora general de Costas y Litoral, Xima Ferrer, quien ha trasladado la necesidad de establecer mecanismos reales de cooperación institucional y de garantizar la participación efectiva de las comunidades autónomas en cualquier modificación normativa que afecte directamente a la gestión del litoral, según ha indicado en un comunicado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua.
El encuentro da continuidad al celebrado en julio de 2025 en Valencia, donde seis comunidades autónomas con litoral, que representaban más del 80 por ciento de la costa española, acordaron una estrategia común ante la interpretación restrictiva de la Ley estatal de Costas y la falta de inversiones y coordinación. En esta ocasión han participado todas las comunidades autónomas con litoral.
Durante la reunión, las comunidades han puesto en común la situación de sus relaciones con el Estado en materia de costas, especialmente en lo que respecta a la tramitación de expedientes, la aplicación de deslindes y el uso de instrumentos que, según han expuesto, limitan la autonomía de gestión.
También se ha abordado la posición común ante la aplicación y gestión del canon del dominio público marítimo-terrestre, así como el planteamiento de una posible modificación de la Ley de Costas con una visión más ajustada a la realidad territorial de cada comunidad.
En este contexto, Baleares ha reiterado que el traspaso de competencias en gestión del litoral se produjo sin la dotación suficiente de recursos humanos y económicos para asumir con garantías la gestión de los más de 1.500 kilómetros de costa del archipiélago.
Finalmente, la directora general ha defendido que cualquier reforma del Reglamento de Costas debe contar con la participación activa de las comunidades autónomas, especialmente de aquellas que ya ejercen competencias en gestión del litoral.