PALMA DE MALLORCA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes el nombramiento de Pedro Barceló como magistrado del Juzgado de Instrucción número 2, donde se instruyen los casos de presunta corrupción conocidos como Maquillaje, Son Oms, Ibatur y Ossifar, así como el del actual magistrado de la Audiencia Provincial de Palma Juan Pedro Yllanes, quien pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de Instrucción número 8, de forma que, en su caso, se encargará de instruir entre otros numerosos asuntos judiciales los de Picnic, Mar Blau y Poseidón.
Así consta en el BOE después de que así lo acordase la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como consecuencia del concurso de provisión de puestos de traslado convocado el pasado mes de octubre. El Boletín también refleja el nombramiento de María Isabel del Valle -encargada en la actualidad de tramitar la demanda de ejecución hipotecaria del Banco de Valencia contra el expresidente del Govern Jaume Matas- como magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Palma, así como de Ana Cameselle como magistrada de una de las secciones penales de la Audiencia.
Todos ellos tendrán, de esta forma, un máximo de veinte días tras la publicación de sus nombramientos para incorporarse a sus respectivos destinos.
En el caso de Barceló, quien en la actualidad sirve en el Registro Civil número 2 de Palma, su petición de ingresar en el Juzgado de Instrucción número 2 en sustitución de Juan Ignacio Lope Sola -quien solicitó un cambio de destino-, no ha estado exenta de polémica a raíz de la amistad que le une con la exdirigente histórica de UM Maria Antònia Munar, imputada en el caso Maquillaje. De hecho, Barceló manifestó recientemente que una vez elegido para cubrir esa vacante se abstendría en todos los casos en los que estuviera implicada la exlíder 'uemita'.
También los demás casos de supuesta corrupción política que instruye este Juzgado afectan a UM si bien en ellos no está encausada Munar. Se trata del caso Ibatur, que indaga un presunto desvío masivo de fondos públicos a través de esta empresa pública; el caso Son Oms, que indaga las presuntas irregularidades cometidas en torno al proceso de recalificación del polígono palmesano, y el caso Ossifar, centrado, entre otros aspectos, en la supuesta contratación con fondos públicos de empleados 'fantasma' que únicamente habrían trabajado para UM.
Mientras tanto, la llegada de Yllanes al Juzgado de Instrucción número 8 conllevará la salida de la actual jueza sustituta Victoria Pelufo, quien desde hace unos meses ocupa el puesto del magistrado titular Antoni Rotger, que se encuentra en comisión de servicios como docente en la Escuela Judicial de Barcelona.
De esta forma, Yllanes deberá hacerse cargo del caso Picnic, que investiga un presunto desvío de 1,2 millones de euros desde el Ayuntamiento de Palma a la captación de votantes de la extinta UM cuando esta formación controlada el área de Medio Ambiente del Consistorio. Asimismo, la otra de las causas en manos de este Juzgado, el caso Mar Blau, investiga a nivel global el presunto amaño de dos concursos para la explotación de amarres en Maó e Ibiza en favor del conglomerado de empresas Trapsayates, propiedad del empresario Gerardo Díaz-Ferrán.
De hecho, en esta causa se encuentran imputados el también expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el empresario Gonzalo Pascual, así como el director de la Autoridad Portuaria de Baleares, Ángel Matías, el expresidente de la APB, Joan Verger, y su predecesor en el cargo, Francesc Triay. Más adelante se abrió dentro de este procedimiento una pieza bajo el nombre Poseidón, en la que se indaga el posible cobro de comisiones de un empresario catalán por unos informes que habrían tenido escasa utilidad.
Por su parte, Isabel del Valle pasará pasará a desempeñar su plaza en el Juzgado de Primera Instancia número 6 procedente del número 10, donde una de las últimas decisiones que adoptó fue la de señalar para el próximo 25 de enero la celebración de la subasta pública de las tres fincas con las Matas avaló el préstamo que le concedió el Banco de Valencia para poder abonar la fianza penal que le permitió eludir su ingreso en prisión.