PALMA DE MALLORCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) - El juez José Castro ha autorizado a Iñaki Urdangarin vender los dos pisos, trasteros y parking que posee en Palma, tras levantar el embargo que pesaba sobre la mitad indivisa de todos ellos en el marco del caso Nóos. El magistrado le requiere que, una vez consumada la operación inmobiliaria, aporte al Juzgado justificación de los pagos e ingrese el remanente en la cuenta del mismo. La decisión se produce días después de que el marido de la Infanta Cristina presentara un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el que advertía del "peligro" de que los interesados en los inmuebles pudieran haber abandonado su interés" en adquirirlos, alegando no haber recibido ninguna nueva notificación judicial de cara a serle autorizada la venta de los inmuebles, valorados en un total de 316.907 euros. En su auto, Castro señala que los únicos condionantes para acceder a la venta de los inmuebles pasan por que se descarte que el precio de la misma no se ajuste a los valores del mercado o la realidad encubriera otro superior, con lo que "la garantía quedaría empobrecida", lo que no sucede en este caso; y que se analice el destino que se pretenda dar al dinero obtenido, de tal modo que éste sea depositado en el Juzgado. El juez señala que, tomando en consideración que la crisis del mercado inmobiliario "aún no ha desaparecido porc completo y que la urgencia por vender siempre se traduce en una lógica depreciación del bien que se pretende enajenar", el precio de 250.000 euros por el que Urdangarin contempla vender las fincas, "aunque ciertamente escaso, representa una oferta seria que en las condiciones actuales es aceptable". El juez requirió una tasación de los inmuebles, efectuada por Tinsa, con el objetivo de saber si su valor se asemeja al precio de mercado y a la oferta de 250.000 euros que le llegó al marido de la Infanta y cuya titularidad registral es titularidad de Aizoon, empresa de la que Urdangarin y su mujer son copropietarios y de la cual se habría servido aquél para defraudar a Hacienda y apoderarse de los fondos públicos percibidos de las instituciones. Castro atendió de este modo a la petición que formuló la Abogacía de la Comunidad Autónoma sobre la necesidad de contar con este informe antes de el magistrado se pronuncie sobre si autoriza o no vender los inmuebles. Manos Limpias, por su parte, se opuso a la operación inmobiliaria. EMBARGO DE PROPIEDADES En concreto, estas propiedades fueron embargadas junto a la mitad indivisa del palacete de Pedralbes, cuyo embargo fue cancelado después de que la Audiencia Provincial de Baleares confirmase las condiciones impuestas en su día por el magistrado para autorizar la venta del inmueble. El marido de la Infanta reclamaba poder abonar a Hacienda 253.705 euros -derivados del impago del IRPF en que incurrió en 2009- con los fondos que obtendría con la venta del palacete, cuyo precio está estipulado, en concreto, en 6,95 millones de euros. Una petición que desestimó Castro, lo que llevó a Urdangarin a recurrir en apelación ante la Audiencia. El juez Castro autorizó la venta siempre que el matrimonio se comprometiese a depositar en el Juzgado los 2,3 millones de euros que prevén obtener por la mitad embargada de la vivienda como garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa, y que acabaron ingresando en las dependencias judiciales tanto Urdangarin como su mujer.
