La Comisión de DDHH del Colegio de Abogados condena las cargas policiales y pide una investigación judicial

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Baleares ha condenado las cargas policiales tras la manifestación con el lema 'Mallorca, al límite' del pasado domingo en Palma y ha reclamado que se abra una "investigación judicial independiente y eficaz" respecto a las lesiones provocadas al menos a una veintena de asistentes, y de los responsables de "ordenar y ejecutar estas agresiones".

Así lo han indicado en un comunicado en el que censuran el uso "innecesario, arbitrario y desproporcionado de la fuerza" y señalan que se produjo un "empleo injustificado de elementos disuasorios peligrosos contra manifestantes indefensos y periodistas" y, por ello, un "uso ilegítimo de la fuerza".

"Denunciamos la violación de derechos fundamentales", han remarcado al explicar que las cargas policiales y actos de dispersión violenta atentan directamente contra el derecho a la libertad de expresión, el de reunión pacífica y la integridad física.

Según defienden, en una sociedad democrática, el derecho de reunión y manifestación es esencial para la construcción del pluralismo político. Así, recuerdan que la Constitución Española lo consagra en su artículo 21 y atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. Añaden también que la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, reproduce ese contexto garantista, que debe interpretarse de conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal creado por dicho Convenio.

"Los Estados no deben limitarse a no interferir, sino que tienen la obligación positiva de adoptar medidas razonables y apropiadas para garantizar que las reuniones pacíficas se desarrollen sin altercados", subrayan.

Según consideran, debe presumirse el carácter pacífico de una reunión o manifestación, por lo que la carga de la prueba de las intenciones violentas de los participantes "recae en las autoridades, que deben presentar pruebas creíbles a ese respecto". Para ello, explican, se requieren "indicios fácticos objetivamente verificables".

En cualquier caso, subrayan que la violencia real de unos pocos participantes no hace que una reunión no sea pacífica ya que cada manifestante ejerce su derecho a la libertad de reunión pacífica de forma individual. Por tanto, debe respetarse, protegerse y facilitarse el derecho de quienes participan a reunirse pacíficamente, "incluso cuando otras personas cometen actos de violencia".

Para alcanzar el umbral de violencia o de acto no pacífico en el contexto de las reuniones, "el comportamiento debe equivaler al uso de fuerza física contra otras personas que pueda provocar lesiones o la muerte, o que cause daño grave a la propiedad".

En el caso de la manifestación del pasado domingo, defienden que no les consta que se haya acreditado la producción de este tipo de actos por algunos de los participantes, "pero sí hemos visto cargas policiales indiscriminadas contra personas en actitud no violenta y agresiones con porras a ciudadanos en actitud pacífica, de pie con los brazos en alto en señal de paz, o que simplemente estaban haciendo fotografías o vídeos, entre ellos un fotoperiodista que se encontraba realizando su trabajo, con el resultado de una veintena de personas heridas, según los datos actuales".