La Comisión de Ética descarta el conflicto de intereses de Lafuente en Addaia pero recomienda abstenerse en el futuro

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ética Pública de Baleares ha descartado que el conseller del Mar y del Ciclo del Agua y presidente de PortsIB, Juan Manuel Lafuente, incurriera en un conflicto de intereses al ser propietaria su familia de la empresa que explota el puerto menorquín de Addaia, que depende del organismo que él preside.

No obstante, el organismo ha considerado que la mera existencia de un riesgo de que se dé un posible conflicto de intereses debería motivar que en el futuro se abstuviera de las decisiones relacionadas con la materia, según el informe que ha adelantado el diario 'Menorca' y cuyo contenido han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del mismo.

La polémica surgió a raíz de la modificación de la ley de puertos registrada de forma conjunta por el PP y Vox en el Parlament con la que, entre otras cuestiones, se extiende el periodo de las concesiones hasta los 50 años y, de forma excepcional, hasta los 75.

El PSIB, que fue el que reclamó un pronunciamiento de la comisión, sostiene que Lafuente había incurrido en un conflicto de intereses al participar en la votación que el pasado septiembre llevó a cabo el Consell de Govern para informar favorablemente del texto legislativo.

Con su participación en esta votación, según los socialistas, estaría beneficiando a su familia, que tiene la concesión administrativa del puerto de Addaia hasta 2037 y que, con la modificación de la ley, podría extenderla.

La resolución no ha detectado que se vulnerara la "integridad, objetividad o imparcialidad" del Código Ético. Tampoco ha detectado una afectación "real o directa" sobre los intereses "directos o indirectos" que pueda tener respecto a los hechos puestos de manifiesto en el escrito que ha motivado el informe, presentado el pasado mes de noviembre por el grupo parlamentario socialista.

En cualquier caso, la Comisión de Ética Pública sí que ha considerado que sería recomendable que en el futuro, ante situaciones que pueda existir el riesgo de un conflicto de intereses, se valore la posibilidad de abstenerse en el proceso.

La resolución, concretamente, habla de adoptar medidas preventivas como comunicar la situación al órgano competente para que este haga una valoración expresa de la conveniencia, o no, de abstenerse.

De este modo, recoge el informe, se podrá contar con una documentación "clara" que justifique las decisiones adoptadas en base a los criterios objetivos seguidos.

LOS ARGUMENTOS DEL PSIB

En la exposición de hechos que los socialistas presentaron ante la comisión, recogieron lo que el Código Ético define como un conflicto de intereses, que es "cuando los miembros del Govern y altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los cuales confluyen al mismo tiempo intereses de su cargo público e intereses privados propios, de familiares directos o compartidos con terceras personas".

Cuando se da esta circunstancia debe aplicarse el artículo que regula "el derecho de inhibición o abstención", algo que no se dio en el caso de Lafuente, el puerto de Addaia y la modificación de la ley de puertos.

El PSIB también hablaba de dos casos de conflicto de intereses del conseller, el primero relacionado con la caducidad de la ampliación del puerto de Addaia. La empresa, según la formación, obtuvo una declaración de impacto ambiental autonómica en 2015, pero no así el informe favorable de la Dirección General de Costas, por lo que el proyecto no se aprobó.

Sin embargo, la ley de evaluación de impacto ambiental prevé que, pasados seis años de cualquier proyecto que no haya iniciado las obras de ejecución, el expediente se tiene que archivar, porque ha caducado.

Igualmente, la Conselleria de Medio Ambiente dictaminó en 2023 que la validez de la declaración de impacto ambiental había expirado. Y ahora correspondería a PortsIB archivar definitivamente el expediente, cosa que todavía no se ha hecho, porque el punto no se ha incluido en ningún orden del día.

El segundo corresponde al consejo de administración de PortsIB de diciembre de 2024 en el cual se aprobaron las tarifas máximas aplicables que la empresa podría cobrar a los usuarios del puerto.

UN DEBATE QUE SE HA ALARGADO MESES

El debate acerca de este posible conflicto de intereses ahora descartado por la Comisión de Ética Pública se ha mantenido a lo largo de los últimos meses y ha sido objeto de preguntas y comparecencias parlamentarias.

Tanto el propio Lafuente como la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, de quien depende la citada comisión, lo han negado en reiteradas ocasiones.

Los socialistas, en cambio, han insistido en que no se puede compatibilizar la presidencia de PortsIB con los intereses que el conseller tiene en un puerto particular.

Este mismo miércoles, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el líder parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, ha reclamado conocer "de forma urgente" el contenido del informe.

"Hemos visto publicada parte de la información que había sido solicitada por el PSIB y nos sorprende no tener la información, por lo que hemos reiterado la solicitud", ha subrayado.

A su parecer, "es claro" que el dictamen señala que Lafuente debería haberse abstenido y no debió participar en la votación que se llevó a cabo en el Consell de Govern. "Ratifica lo señalado por el PSIB", ha subrayado.

Fuentes de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local han asegurado que el informe ha sido remitido este mismo miércoles a todas las partes implicadas.