Denuncian ante el Defensor del Pueblo la retirada de la tarjeta de transporte a migrantes sin DNI o NIE

EIVISSA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE e Izquierda Unida-Podemos han denunciado ante el Defensor del Pueblo la decisión del Consell d'Eivissa de retirar la tarjeta de transporte público a migrantes empadronados en la Isla sin DNI o NIE.

Según han expresado en rueda de prensa estas formaciones, se trata de una medida "inconstitucional" y "la más discriminatoria que se ha hecho nunca en esta institución", afectando a más de 3.000 personas residentes en la Isla.

La portavoz socialista Elena López ha explicado que la decisión de acudir al Defensor del Pueblo se ha adoptado después de que el presidente del Consell, Vicent Marí, se haya negado a rectificar la orden, en vigor desde diciembre.

Según ha reiterado, se trata de "un castigo horroroso, un castigo que nunca debería haber hecho esta institución a los migrantes. Por esta misma razón pensamos que la única forma de que esto se pare es acudiendo al Defensor del Pueblo".

Desde IU-Podemos, el conseller Óscar Rodríguez ha dudado sobre los argumentos técnicos y legales utilizados por el Consell para sostener la decisión.

Rodríguez ha criticado que se ha intentado justificar el recorte basándose en presuntos fraudes cometidos por determinados perfiles de turistas, aunque la medida se ha hecho "sin ningún informe del impacto que tiene esta medida sobre la vida de la gente".

Las formaciones han lamentado que esta exigencia de tener DNI o NIE puede vulnerar el principio de igualdad y generar "discriminación" puesto que impide acceder al transporte público bonificado a residentes que cumplen con la obligación de empadronarse, pero que no disponen de estos documentos administrativos.

La denuncia solicita al Defensor del Pueblo que admita a trámite la investigación y valore la posible vulneración de varios artículos de la Constitución, así como la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de extranjeros en España y que, si lo considera, formule una recomendación instando al Consell a garantizar el acceso a los abonos "en igualdad de condiciones a las personas empadronadas, con independencia de su situación administrativa".

Según han insistido, en una Isla con una fuerte dependencia del transporte por carretera y unos elevados costes de vida, la pérdida del bono gratuito o bonificado puede afectar directamente el acceso a la ocupación o educación.

Las formaciones cuestionan el sistema de excepciones parciales previsto para colectivos vulnerables que "sustituye un criterio objetivo de residencia por un sistema asistencial condicionado, incompatible con el carácter universal y general de la medida de gratuidad".