Archivo - Largas colas para acogerse al nuevo proceso de regularización de migrantes. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
PALMA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
Trabajadores de servicios sociales del Ayuntamiento de Palma aseguran que han recibido "instrucciones políticas" para no reforzar el servicio ante el incremento de demandas de certificados de vulnerabilidad social, documento imprescindible para iniciar los trámites en el proceso de regularización extraordinario de migrantes.
En un comunicado, los trabajadores han explicado que el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma está viviendo una situación de sobrecarga en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) Social, a raíz de la puesta en marcha del proceso de regularización.
Cabe recordar que uno de los requisitos imprescindibles para acceder a este proceso es la obtención de un certificado de vulnerabilidad social, documento que se elabora desde los Servicios Sociales municipales.
La apertura de este procedimiento ha generado un aumento repentino y muy elevado de demandas, concentradas principalmente en la OAC Social.
Ante este escenario, el equipo directivo activó medidas de refuerzo de personal con el objetivo de garantizar una atención adecuada a las personas solicitantes, el cumplimiento de los plazos establecidos, una calidad digna del servicio público y la protección de los profesionales de atención directa.
Sin embargo, han asegurado, se han recibido "instrucciones políticas" de no reforzar el servicio y dejar toda la gestión de este volumen extraordinario de solicitudes en manos de los profesionales habituales.
Los trabajadores han explicado que esta decisión implica consecuencias graves como que no se podrá dar respuesta dentro de los plazos exigidos, lo que puede dejar fuera del proceso de regularización a personas que cumplen los requisitos.
Igualmente, creen que esta sobrecarga además supone no poder atender otras demandas de la ciudadanía que también son objeto de atención de este dispositivo.
Al mismo tiempo, han añadido, se genera una presión insostenible sobre los profesionales, que no disponen de los recursos humanos necesarios para asumir esta carga.
Creen también que se compromete seriamente la calidad del servicio público y la función social del Ayuntamiento en un momento de máxima vulnerabilidad para muchas personas.
Los trabajadores concluyen que existe un "riesgo real" de vulneración de derechos de un colectivo especialmente frágil.
"No reforzar la OAC Social en este contexto es una decisión que ignora las necesidades reales de la ciudadanía y el objeto del servicio y del área. La situación actual no es puntual ni menor, sino previsible y estructural mientras dure el proceso de regularización", han concluido.