PALMA DE MALLORCA, 24 May. (EUROPA PRESS) -
Pedro Maximiliano Orfila, ex presidente de la Fundación Coint, una de las empresas investigadas en el marco del caso Voltor por recibir subvenciones presuntamente irregulares del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), prestó hoy declaración como imputado ante la jueza que instruye el procedimiento, Mari Carmen Abrines, y durante el interrogatorio se desmarcó de cualquier tipo de irregularidad relacionada con la concesión de estas aportaciones públicas.
En su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, el fiscal Miguel Ángel Subirán y varios de los abogados personados en la causa, Orfila, asistido por Llorenç Salvà, negónvenio suscrito en 2007 con el Inestur por el que la Fundació percibió dos subvenciones del organismo público por valor de 70.000 euros cada una para un proyecto europeo de desarrollo del turismo náutico -Nautismed-, pese a que según el Ministerio Público parte de estos fondos y el de otros proyectos pudieron utilizarse en beneficio de los patronos de la Fundación.
Y en esta misma línea defendió la legalidad de las actuaciones a las que entonces dio su visto bueno como máximo responsable de la entidad, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press. Del mismo modo fue como se desvincularon de este presunto desvío de fondos públicos la actual presidenta de la Fundación, Betina Giner, y la otra imputada vinculada a este órgano que hoy prestó declaración ante la magistrada, Eva Martínez.
Así, Giner, defendida por José Ignacio Herrero, explicó que cuando se gestaron estas subvenciones que se encuentran bajo la lupa judicial, no tenía ningún control sobre la aprobación de los proyectos que debían ser sufragados con dinero público, sino que únicamente asistía a las juntas en las que se abordaba estas cuestiones. Unas reuniones que, aseveró, no se llevaban a cabo de manera "formal" y en las que la mayoría de los asuntos acababan aprobándose por unanimidad.
Acerca de las subvenciones presuntamente ilegales que percibió Coint ya declaró ante la jueza la vicepresidenta de la Fundación y responsable de proyectos del Centre Balears Europa (CBE), María Dolores Ordóñez, quien entregó diversos informes con los que probar que los trabajos para los que se aprobó la partida de 140.000 euros fueron realizados, y aseveró además que si no hubiera sido así, el dinero no habría sido concedido por parte del Inestur.
En este sentido, defendió que el sistema de controles era muy riguroso por lo que habría sido "complicado" no llevar a cabo la labor para la que fueron acordados las dos aportaciones de 140.000 euros desde el organismo dependiente de la Conselleria de Turismo.
En el marco de esta causa, que investiga de este modo el presunto desvío de fondos públicos a través del Inestur a empresarios próximos a UM en forma de contratos y subvenciones irregulares, han sido citados también a declarar el 9 de junio Victoria Quijano como testigo y el ex concejal de UM en Sóller, Antonio Arbona, como imputado.
Por otro lado, también está previsto el interrogatorio, de nuevo en calidad de encausados, del ex conseller de Turismo Francesc Buils el ex director general de Calidad Ambiental y ex gerente del Instituto de Estrategia Turística del Govern (Inestur), Antoni Oliver, y del gerente del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico (Imet) y concejal de Alaró, Antoni Rebassa.
Fue el pasado 14 de abril cuando la jueza acordó levantar el secreto de sumario de la causa, por la que han sido detenidas una veintena de personas, entre ellas Buils y Oliver, además del también ex conseller de Turismo Miquel Nadal, el ex director general de Planificación Turística, Joan Sastre, el ex presidente de UM Miquel Àngel Flaquer, y varios empresarios vinculados a la formación 'uemita'.
