El GOB presenta enmiendas al proyecto de ley para obtener suelo para "frenar el decreto más agresivo en décadas"

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El GOB Mallorca ha presentado 16 enmiendas al proyecto de ley derivado del decreto para obtener suelo en Palma mediante proyectos residenciales estratégicos para intentar "frenar el decreto más agresivo en décadas".

En un comunicado este jueves, desde la organización han reiterado su rechazo "total" al proyecto de ley que tramita el Parlament pero han presentado enmiendas para "intentar reconducir" algunos de los aspectos que consideran "más sangrantes" de la normativa.

A su juicio, el decreto supone un cambio estructural en la política urbanística y de vivienda en Palma y "se hace de espaldas" a la problemática de la vivienda, a las consecuencias ambientales, especialmente a los recursos hídricos disponibles, a los servicios públicos o la movilidad, y "de espaldas" a la participación ciudadana.

Por ello, el GOB ha presentado un documento con 16 enmiendas para "garantizar la sostenibilidad, la transparencia y la equidad en las políticas de urbanismo y vivienda". El conjunto de enmiendas, han señalado, nace del análisis técnico y jurídico del decreto e incorpora alegaciones y propuestas concretas para "evitar los riesgos ambientales, sociales y legales que comporta el texto actual".

Concretamente, proponen estudios de suficiencia hídrica y riesgo de inundación, el cumplimiento estricto de las normativas europeas y la exigencia de la evaluación ambiental ordinaria.

En relación con la participación ciudadana, las enmiendas solicitan la introducción de procesos participativos previos y deliberativos, más allá del trámite formal de exposición pública.

Por otro lado, los ecologistas exigen la garantía de que el 50 por ciento de la vivienda sea de protección pública (VPP) sin sustitución por vivienda de precio limitado (VPL), así como la reserva mínima del 30 por ciento para alquiler protegido gestionado públicamente.

Igualmente, reclaman estudios de impacto sobre movilidad y servicios esenciales en caso de grandes incrementos de población, garantizando 15 metros cuadrados de zona verde por habitante, así como activar el deber de edificar en solares vacantes y priorizar el uso del suelo urbano consolidado antes de permitir nuevas urbanizaciones.

Por último, piden la obligación de una memoria económica comparativa que muestre las ganancias de los promotores y el impacto sobre las familias.

Desde el GOB han alertado que la aprobación del proyecto de ley sin estas enmiendas "implicaría una desregulación urbanística sin precedentes" que, además, contradice los objetivos del plan general de Palma y de las directrices de ordenación territorial.

También, a su juicio, podría vulnerar principios constitucionales, derechos ambientales reconocidos por la Unión Europea y compromisos internacionales como el Convenio de Aarhus.

"Las enmiendas presentados no solo critican, sino que proponen un marco de actuación concreto, aplicable y legalmente fundamentado para hacer compatibles las necesidades de vivienda con la protección del territorio, la problemática hídrica, el riesgo climático, la cohesión social y la calidad urbana", han apuntado.

Con todo, han reclamado a los grupos parlamentarios "responsabilidad y valentía" para asumir estas propuestas e incorporarlas al texto definitivo de la ley.

El GOB ha insistido en la necesidad de una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, ante los decretos ley aprobados y el impulso de la liberalización del suelo. Según han criticado, la solicitaron hace más de dos meses y no han obtenido respuesta.