PALMA DE MALLORCA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La nueva Dirección General de Políticas para la Soberanía Alimentaria, creada esta legislatura, quiere reforzar los controles para perseguir las 'ventas a pérdida' de alimentos en las Islas, es decir, ventas a un precio inferior al coste de producción.
Así lo ha anunciado la directora general, Paula Valero, en una comparecencia parlamentaria en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, celebrada a petición del PP. Valero ha explicado que este tipo de ventas son ilegales en Baleares, según la Ley de Actividad Comercial de 2001, pero "es una práctica que se da".
Por ello, dentro de un servicio para "mejorar la transparencia del funcionamiento de la cadena alimentaria", la Dirección General -adscrita a la Conselleria de Agricultura, que encabeza Mae de la Concha- se propone trabajar con otras áreas del Govern -como Industria- para "fortalecer las medidas de control" sobre la venta de alimentos.
La intención de la Dirección General es diseñar el marco de competencias a lo largo de 2020 y que el servicio pueda implantarse en la segunda mitad del año. Este servicio, además del diseño de un sistema de precios para el control y persecución de prácticas desleales, se encargará también del desarrollo normativo de la venta directa "que dé soporte a las personas que venden sus productos locales" en los mercados de Baleares.
ASEGURAR UNA REPRESENTACIÓN EQUILIBRADA DE LAS MUJERES
Por otra parte, Valero ha hecho hincapié en la voluntad de la Conselleria de visibilizar el papel de la mujer dentro del sector. Entre otras medidas, la Dirección General se propone articular mecanismos para que los órganos de representación del sector agroalimentario tengan asegurada una "representación equilibrada entre hombres y mujeres".
Por otra parte, la Conselleria desarrollará un 'foro por la alimentación sostenible' con participación de entidades públicas y sociales implicadas, "como espacio de conocimiento e intercambio de ideas".
Asimismo, Valero ha anunciado que el Govern elaborará, a lo largo de los próximos dos años, un estudio sobre la situación del sistema alimentario en Baleares, con datos desagregados al menos por sectores ocupacionales, género y tamaño de la población.
"Queremos saber cuál es la situación de la mujer en la cadena alimentaria, cómo afecta el modelo de alimentación en función de si se vive en una ciudad o un pueblo pequeño, y cómo afecta al sector productivo también", ha explicado la directora general. Este estudio será la base de un plan estratégico posterior.
LOS MERCADOS COMO PATRIMONIO HISTÓRICO
Otra de las principales vías de actuación para el área es la dinamización y promoción de los mercados de Baleares. Entre otras medidas, la Conselleria trabajará con las áreas de Comercio y Cultura con el objetivo de que los mercados de las Islas sean declarados patrimonio inmaterial de la humanidad en Baleares. Para ello, desarrollarán estudios de carácter histórico y antropológico y se iniciará un proceso de catalogación "para preservar su valor histórico y sociocultural".
Dentro del objetivo de fomentar el consumo de productos de kilómetro cero y el comercio de proximidad, las escuelas serán otro factor clave, con refuerzo de los planes de consumo de fruta y verdura para afianzar hábitos saludables en los alumnos, charlas y talleres. La Conselleria también quiere elaborar una guía específica sobre compra responsable de alimentos y lanzar campañas de sensibilización ciudadana.
Desde el sector público, plantean impartir formación a los responsables en materia de compra pública de alimentos y que en los pliegos de condiciones se prioricen los "alimentos sostenibles".
COMPARECENCIA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO
En la Comisión de este miércoles también estaba prevista la comparecencia del delegado del Gobierno en funciones, Ramon Morey, para informar sobre la situación de las ayudas por las inundaciones en Llevant de octubre de 2019.
Morey ha rechazado asistir debido a que, al tratarse de un cargo estatal, no está obligado a comparecer ante las cámaras autonómicas y sólo las Cortes Generales pueden fiscalizar su trabajo. Con este mismo argumento, el delegado ya rechazó comparecer en el Parlament hace unas semanas, en una comparecencia solicitada por Cs para que informara sobre la tasa de criminalidad en Baleares.
