Hambre, agresiones y 480 euros por cuatro meses: el calvario de una víctima de explotación laboral en un barco. - POLICÍA NACIONAL
PALMA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de explotación laboral por supuestamente tener en una embarcación a una trabajadora durante cuatro meses a la que, además de pagarle solo 480 por todo el trabajo, agredía y tenía sin comida.
Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) iniciaron una investigación como consecuencia de una denuncia interpuesta por una mujer contra su empleador en una embarcación.
El empresario tenía contratado a diverso personal, entre el que se encontraba la víctima, una marinera con el cargo de azafata. Según la denunciante, durante su estancia a bordo, que duró un total de cuatro meses, no percibió salario alguno, sino que recibió únicamente pequeñas cantidades de dinero para necesidades básicas. Del total de 17.500 euros que debería haber cobrado, únicamente le fue entregado 480 euros.
La mujer denunció que los abusos laborales no se limitaron al impago del sueldo, sino que las condiciones en las que desempeñó su trabajo eran abusivas, llegando algunos días a no dormir más de cuatro horas al solicitarle constantemente la realización de tareas, muchas de las cuales excedían de sus capacidades. La mujer, siguiendo con su relato, fue víctima de trato degradante y hasta de agresiones.
La víctima señaló que en ocasiones llegó a pasar hambre, alimentándose únicamente de medio sándwich ya que no había más comida en la embarcación.
La mujer sufrió una intoxicación por monóxido de carbono por deficiencias en las instalaciones del yate que puso en grave riesgo su vida, de las que sufrió secuelas como sordera parcial durante un tiempo.
La trabajadora, incapaz de seguir en esta situación y habiendo abandonado cualquier esperanza de cobrar la cantidad de dinero que se le adeudaba en concepto de salario, abandonó el yate y, tras denunciar los hechos, volvió a su país de origen.
La investigación de los hechos fue asumida por el Grupo de Ucrif I, quienes pudieron constatar irregularidades en la administración del yate, tales como la desconexión del sistema de localización GPS (AIS) de la embarcación, deficiencias en las altas y bajas de tripulantes y su control fronterizo.
