Hidalgo niega que el convenio con la Fundació Illes Balears fuera una "simulación" para transferirle ingresos

PALMA DE MALLORCA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, negó hoy ante el juez que el convenio que suscribió en mayo de 2006 con el ex presidente del Govern y máximo responsable de la Fundació Illes Balears, Gabriel Cañellas, para que el Consistorio se encargase de la conservación de la Torre de Sant Elm mediante la aportación de 45.000 euros semestrales a la entidad privada, fuera una "simulación para transferir ingresos económicos" a la Fundació o al propio Cañellas.

Durante su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7, Antonio Garcías, que investiga el presunto desvío de fondos públicos a raíz de la firma de este documento, Hidalgo aseguró que fue Cañellas quien se dirigió a él para proponerle llegar a un acuerdo sobre la Torre, que se encontraba en manos de la Fundació. Según dijo, ésta pretendía que el monumento, tras años de rehabilitación, se convirtiese en imagen y reclamo turístico del municipio.

Sin embargo, el presidente de la entidad, quien también declaró esta mañana en calidad de imputado, aseveró por el contrario que fue el Ayuntamiento el que ofreció a la Fundació coordinar el uso de la Torre y darle una utilización institucional. Sobre el destino de los fondos, recalcó contundente que las aportaciones recibidas fueron "destinadas a los fines globales" de su organismo -dedicado a recuperar el patrimonio paisajístico y arquitectónico- así como a liquidar deudas.

Durante la comparecencia de Hidalgo, que fue excarcelado de la prisión de Palma en la que se encuentra cumpliendo condena por la construcción de un chalet en terreno protegido en el marco del caso Andratx, el encausado explicó que por indicaciones de Cañellas acudió a la Conselleria de Turismo del Govern, cuyo titular era entonces Joan Flaquer (PP), a fin de que este departamento sufragase el 60 por ciento de la aportación que el Consistorio debía abonar a la Fundació.

Fue a raíz de esa entrevista con Flaquer, quien "ya sabía de qué iba el tema", y tras ver que obtendría financiación de la Conselleria, cuando lo consultó con el equipo de gobierno -entonces integrado por PSOE, UM y Agrupación de Andratx- para que "se mirase el convenio propuesto por la Fundació".

No obstante, reconoció que en el momento de la firma el entonces alcalde pensó que los 45.000 euros "eran anuales" y que no tenía estudiado el convenio ya que "confiaba en los asesores jurídicos del Ayuntamiento" así como "en la persona que había sido presidente del Govern". Es más, afirmó que la corporación municipal no contaba aún con una planificación ni con proyectos de utilización de la Torre para amortizar el dinero que iban a pagar, al justificar que "las cosas funcionan teniendo primero el inmueble y después buscando actividades a realizar".

En una comparecencia que se prolongó por espacio de hora y media, el ex primer edil, asistido por el letrado Manuel Murillo, señaló que la Fundació debía justificar los gastos por los que el Ayuntamiento le traspasaba 1.500 euros mensuales, pero no la aportación de 18.000 euros trimestrales -a lo que se sumaba el IVA-. Unos pagos con los que el Consistorio "estaba conforme" ya que "nuestro interés era utilizar el castillo todos los días". Asimismo, aseguró desconocer si el monumento estaba catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

"EL DINERO ENTRÓ DIRECTAMENTE EN LAS ARCAS DE LA FUNDACIÓ"

Por su parte, el presidente de la Fundació recordó que después de que el Ayuntamiento le propusiera dar un uso a la Torre, su entidad le remitió una propuesta de convenio. El imputado, defendido por el abogado José Perelló, subrayó que el dinero cobrado "entró directamente a las cuentas de la Fundació, que cada año eran auditadas". Sin embargo, puntualizó que este organismo no se preocupaba por si el Consistorio realizaba actos en el castillo.

En esta misma línea, apuntó que como la cantidad recibida eran aportaciones, no se tenían que justificar "en qué se gastaba el importe". "No se trataba de una subvención porque cedíamos el uso de un inmueble emblemático", apostilló el encausado, quien supuso a su vez que si el Ayuntamiento había gastado 45.000 euros "habiendo organizado lo que organizó, es porque el alcalde no tenía tiempo para desarrollar las ideas que tenía de divulgación".

Por último, el ex jefe del Ejecutivo autonómico recordó que en abril de 2007 firmó una renovación del convenio con el entonces alcalde Jaume Porsell -a quien el juez ha citado a declarar como imputado el próximo 25 de febrero-, después de que éste "se interesase" por esta prórroga, que fue aprobada por la Comisión de Gobierno "al igual que el primer convenio".

Cabe recodar que, a raíz de las irregularidades detectadas por el Ayuntamiento 'andritxol' tras las elecciones municipales de 2007, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia penal contra Hidalgo y Cañellas por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento y defraudación a la administración.